BUENAZO
Ha hecho bien el gobierno al acoger casi inmediatamente el pedido de la joven Fiorella Nolasco Blas para que se incluya al delincuente Rubén Moreno Olivo en la lista de los más buscados y se fije una recompensa para quien pueda proporcionar información idónea que permita dar con su paradero y su captura. Esta medida se dio a conocer anteayer domingo y la sorpresa es que el gobierno, consciente de su responsabilidad en la fuga de este maleante, ha decidido poner en la mesa nada menos que la friolera suma de 100 mil nuevos soles como recompensa. Se trata de una suma que es cinco veces mayor, por ejemplo, a la que se ofrece por la cabeza de la ex alcaldesa Victoria Espinoza García y el ex alcalde provisional Julio Cortez Rojas. El ministro de justicia, Vicente Zeballos, sobre quien pesa la responsabilidad política de este escándalo, es consciente que el Gobierno tiene que acelerar los procedimientos para la recaptura de “Goro” en la medida que la mayor responsabilidad de su ilegal liberación y posterior fuga recae sobre su despacho. Ya el congresista Carlos Domínguez Herrera ha sustentado las razones por las cuales este Ministro debería haber renunciado apenas se conoció a fuga de este delincuente, empero, tal parece que el mismo Zeballos se quiere dar una oportunidad más y ha decidido “romper el chanchito” a la espera que una luz lo ilumine del cielo y se entregue información que permita aprehender al delincuente. Cierto es que se trata de una recompensa atractiva pero lo que se pregunta la gente en la calle es ¿Por qué tiene el Gobierno que pagar esa cuenta que al final se la terminan empujando a los bolsillos de todos los contribuyentes? Porque no se descuenta del sueldo de los empleados involucrados y que son responsables de este desaguisado?. Lamentablemente, nos hemos acostumbrado siempre a lo más fácil y por ello campea la corrupción pues el funcionario que le saca la vuelta a la ley porque sabe que al final de cuentas no recibirá un castigo contundente.
ABUSO
Justamente, a propósito de castigos, ha llamado poderosamente la atención la denuncia que ha formulado la procuraduría del Instituto Nacional Penitenciario sobre este escandaloso tema. Pues involucra a dos servidores del penal de Cambio Puente e ignora por completo a la responsable de haber emitido un certificado de antecedentes penales en el que se omitió la condena de 25 años contra “Goro” y que sirvió para que saliera del presidio y lo enviaran a un domicilio a cumplir “arresto domiciliario” y del cual se fugó. Los dos empleados del penal de Chimbote han sido involucrados por haber recibido la comunicación de la Sala Penal dando cuenta la condena impuesta contra Rubén Moreno Olivo cuando el sentenciado estaba purgando carcelería en “Piedras Gordas” de Ancón. A decir de los “inteligentes” abogados del INPE ellos debieron rechazar esa comunicación, pero lo que no entendemos que de relevante tiene este hecho para la fuga de “Goro” si la propia Corte del Santa ha demostrado que no solo comunicó al penal sino que remitió el oficio pertinente al registro central de condenas. Esto quiere decir que es materialmente imposible que la condena no pueda aparecer en el archivo informático del INPE, eso es puro cuento, empero, llama la atención lo bien protegida que están las cúpulas de corrupción pues ha blindado a los reales responsables y tratan de desviar la responsabilidad a dos empleados del penal de Cambio Puente que no tienen absolutamente nada que ver en estos hechos. Hay un sabio adagio que dice “la pita siempre se rompe por el lado más débil” y esto le cae de perillas al caso “Goro” en el INPE.
RECIBO
La Fiscalía anticorrupción de Huaraz está dispuesta a descubrir que hay detrás de ese tinglado que se ha generado a raíz de la publicación en redes sociales de un recibo que supuestamente acredita que el alcalde del distrito de independencia, Fidencio Sánchez, habría cobrado una coima de 500 mil soles a una empresa para que se adjudique la implementación del servicio de serenazgo. Y es que es inverosímil que alguien pueda extender un recibo para el cobro de una coima, por ello la empresa involucrada esta colaborando con la fiscalía y ha entregado el contrato de servicios con la constitución de la empresa y resulta que a la fecha en que se emitió el recibo la empresa aún no se constituía. Esto abona en favor de la coartada del Alcalde quien señala que las hojas en blanco que firmó durante la campaña electoral para superar cualquier situación de emergencia, vienen siendo utilizadas. La pregunta es ¿por quien?. ¿No se supone que estos papeles estaban en manos de su gente de confianza?. ¿Quién traicionó a quién?