Ya recaban informes:
General Carlos Guillén Enríquez dirige dirección de lavados de activos en PNP.
La mega investigación por lavado de activos y presunta criminalidad organizada que involucra al empresario Héctor Servat Chocano, su esposa, sus dos hijos y una presunta testaferra, tendrá un plazo de 36 meses y estará a cargo del sexto despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio con apoyo de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) de la Policía Nacional.
La investigación abierta el pasado 12 de junio, se encuentra en una fase de recolección de información contable, administrativa, bancaria y bursátil, y, viene siendo coordinada estrechamente por los Fiscales Roger Estanislao Tumi Pacori y Patricia Milagros Chipana Callo con el general PNP Carlos Guillén Enríquez.
Se ha oficiado a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS para que informe si los investigados se encuentran implicados en transacciones sospechosas o inusuales y si existe alguna investigación financiera en sus homólogos del exterior.
También se ha solicitado el movimiento migratorio, el íntegro de la información de las partidas registrales que obran en el informe policial N· 264- 2019 y se ha oficiado a las empresas de transferencias de dinero y valores para que informen si los investigados realizaron operaciones de recepción o envío de remesas de dinero o valores.
Finalmente se pidió información a INFOCORP, al Registro Central de Valores y Liquidaciones (CAVALI), a la oficina de inteligencia de la DIRANDRO, Interpol, Superintendencia de Mercado de Valores del MEF y que los investigados cumplan con presentar los documentos que sustenten sus ingresos, egresos, propiedades, negocios y empresas, tanto como personales naturales como personas jurídicas.
Son investigados Héctor Servat Chocano, su esposa Ileana Cisneros Huemura, sus hijos Jean Pierre Servat Cisneros, Jonathan Antonhy Servat Cisneros y Juana Rosa Vertiz Ríos, además de los que resulten responsables de la presunta comisión del delito de lavado de activos provenientes del delito contra el patrimonio (estafa agravada, usurpación y otros) así como del delito contra la administración pública- corrupción de funcionarios (cohecho en sus diversas modalidades) en agravio del Estado.