Gino Lazarte no convenció:
Organización criminal Los Pistoleros de Casma.
La suerte no le sonrió a Gino Martín Lazarte Burgos, imputado por el caso “Los pistoleros de Casma” quien a través de su abogado recurrió a la tutela de derecho por supuesta violación de sus derechos constitucionales, en la perspectiva de variar su situación de recluso.
La audiencia de su requerimiento fue realizada la tarde de ayer en el Sexto Juzgado Penal de Investigación Preparatoria que dirige el juez John Pillaca Valdez quien antes de tomar la decisión escuchó los argumentos de Ricardo Vásquez Ángeles, abogado del imputado, y los del fiscal Carlos Franco Alzamora, de la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado.
La defensa técnica del investigado indicó que al momento de la detención de su patrocinado, ocurrido el 4 de octubre del año 2017, los agentes de la DIVIAC no le leyeron sus derechos y tampoco le dieron la libertad de efectuar una llaamada telefónica para informar su situación a un familiar y se haga presente en la diligencia de registro e incautación en su casa.
Ante ello el fiscal Franco Alzamora replicó mostrando actas en las que se dejó constancia de la lectura de sus derechos y que se le indicó que tenía derecho a una llamada telefónica contestando que lo haría a su hermano Franklin Lazarte, pero no entregó el número telefónico. Dichas actas llevan la firma y huella del imputado.
El representante del Ministerio Público agregó además que en la audiencia de prisión preventiva y en la apelación a la resolución que declaró fundada la medida restrictiva de su libertad, su entonces abogado no observó nada por lo que pidió que el pedido sea declarado infundado.
El juez Pillaca Valdez escuchó a las dos partes y luego emitió su dictamen resolviendo por declarar infundado el requerimiento de tutela de derecho. El fiscal Carlos Franco quedó conforme, en tanto que el abogado defensor Ricardo Vásquez apeló en el acto.
Gino Lazarte Burgos es acusado de integrar la organización criminal “Los Pistoleros de Casma” liderada por William Antonio Minaya Córdoba, alias “Loco Willy”, y era el encargado de proveer y guardar las armas de fuego para la comisión de los delitos de extorsión sicariato a los que se dedicaba dicha organización, según la imputación fiscal.