En Juzgado Anticorrupción:
Rubén Sandoval Calvo fue condenado por delito de colusión.
El fiscal José Olivos Cosío probó la responsabilidad penal del consejero regional por la provincia de Santa, Rubén Sandoval Calvo, en el delito de colusión simple, siendo condenado a la pena de cuatro años de prisión suspendida por tres y obligado al pago de 50 mil soles como reparación civil.
Los otros condenados son Wilmer Risco Eusebio, Luis Miguel Cavero Avendaño, integrantes del comité de selección del Proyecto Especial CHINECAS y María Pereda Vega, proveedora favorecida en ocho contratos de menor cuantía para mantenimientos del canal Carlos Leigth.
La imputación del fiscal está referido a que los condenados en mayo del 2008 favorecieron a la empresaria Pereda Vega con ocho contratos en medio de actos contrarios al procedimiento de contratación del Estado saltándose los requisitos de ley.
Entre ellos figura que minutos antes del proceso de adjudicación colgaron en el OSCE las bases sin dar oportunidad a otros postores de informarse para postular, asimismo que luego que la empresaria se adjudicó los contratos esta no adjuntó documentos de capacidad de ventas lo que hizo posteriormente a la firma de los contratos.
Con las pruebas del caso, que no pudieron ser rebatidas por los abogados defensores de los acusados, el juez Joseph Arequipeño Ríos concluyó en que se probó la concertación de los ex funcionarios y la empresaria vulnerándose el principio de imparcialidad.
Respecto de la pena de prisión a dictar consideró que al no haberse demostrado daño patrimonial contra la agraviada y al no ser reincidentes, el delito de colusión se configuraba como simple por lo que la pena de cárcel a dictar fue de 4 años suspendida por 3 años bajo reglas de conducta.
Además de la pena de cárcel el consejero regional Sandoval Calvo y los otros sentenciados quedaron obligados al pago solidario de la suma de 50 mil soles por concepto de reparación civil que deberán pagar en el lapso de 12 meses.
Arequipeño Ríos también resolvió remitir al Ministerio Público copias de documentos fraudulentos que fueron insertados en los expedientes de contratación posterior a la firma de contratos para investigar y establecer quien fue el que los ingresó y pretendió sorprender al juez.
La sentencia fue leída en sus términos generales y ninguno de los procesados estuvo presente en la audiencia. El próximo 28 de agosto a partir de las 3 de la tarde será leída en su integridad, ocasión en que las partes podrían impugnar la resolución judicial.