La Contraloría General de la República remitió al titular del Gobierno Regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, el pasado 1° de agosto del 2019, el informe de auditoría que describe las graves irregularidades y la responsabilidades de 13 ex funcionarios de la Sub región Pacífico en la adjudicación y ejecución de la obra de pavimentación de la avenida Los Pescadores.
Lo hizo para que el Gobernador regional disponga el inicio de las acciones administrativas relacionadas como esos hechos, al margen de las acciones civiles y penales que arrastra la comisión de los delitos descubiertos.
Se trata de un hecho sumamente grave de colusión y perjuicio económico al erario regional que se puso al descubierto en la elaboración, aprobación del expediente técnico y ejecución de la obra de mejoramiento de pistas y veredas en la avenida Los Pescadores en Chimbote.
En este caso, el 25 de enero del 2012 la Sub Región Pacifico suscribió un contrato por un monto de inversión de S/ 32´010,181 y con un plazo de ejecución de 300 días calendario. Sin embargo, habiéndose cumplido el plazo para la entrega del expediente técnico, los ex funcionarios no requirieron su presentación; tampoco aplicaron las penalidades correspondientes por el retraso injustificado y no comunicaron la resolución del contrato por incumplimiento ya aprobado.
Por el contrario, el consorcio a cargo del proyecto resolvió el contrato y solicitó indemnizaciones y pese a que la obra no se ejecutó y el laudo arbitral no determinó el monto a liquidar por no ser competente, ex funcionarios de la Sub Región Pacífico realizaron modificaciones presupuestarias sin sustento y pagaron la liquidación del contrato presentado por el contratista sin contar con la resolución respectiva que así lo disponga, originando un perjuicio económico a la entidad de S/ 2´185 527.13.
En buen romance, lo que hicieron los ex funcionarios “comandos”, como se les conocía por entonces, fue pagar poco mas de dos millones de soles por nada, la avenida Los pescadores sigue siendo la misma vía abandonada de hace muchos años pero en el gobierno regional de César Álvarez se dieron el lujo de pagar a pesar que nadie puso un metro de asfalto.
Estas fueron las típicas obras que nos legó la gestión conocida como la “red de corrupción”, pero lo que no deja de sorprender es que el informe de auditoria fue entregado el 1° de agosto a la Gobernación Regional y hasta a fecha n se conoce de acto alguno que haya dispuesto a pesar de la gravedad de los hechos.
Por el contrario, ante el anuncio aparecido en los medios de comunicación, el procurador anticorrupción del Santa, Dr. Richard Asmat., ha procedido a denunciar a los responsables que señala el informe de auditoría y ha adjuntado al Ministerio Público una copia certificada del mismo.
En su condición de abogado del estado, el procurador anticorrupciónÂÂÂ ha llenado ese vacío que ha dejado el vacilante accionar del gobierno regional, lamentablemente, no ha trascendido los nombres de los implicados solo se ha señalado que el representante legal del consorcio ejecutor es el empresario Juan Carlos Aguilar Salva y aquel es uno de los que ha denunciado la procuraduría y deberá responder ante el Ministerio Publico.
Aunque parezca increíble ha transcurrido siete años pero recién se ha formalizado cargos por hechos tan graves como éstos y es que muchos de estos casos de evidente corrupción pasaron “piolas” y hasta fueron archivados porque en aquel entonces se había germinado toda una red de impunidad en la que recalaban malos Policías, malos Fiscales y malos jueces que se prestaron a este manejo oscuro de encubrimiento a los hechos más descarados que se perpetraron en esos años.
Esto nos trae a la memoria que después de la caída de la red de corrupción, el año 2014 se dispuso la revisión de los expedientes que el Ministerio Público del Santa había archivado respecto a las denuncias contra ex funcionarios del gobierno regional entre los años 2007 al 2014, y, fue la Fiscalía de la Nación la que dispuso la reapertura de una treintena de investigaciones que se archivaron a pesar de existir indicios de delitos.
En una de ellas recordamos que llamó la atención de la prensa nacional y estaba relacionada con la adjudicación de la buena pro a una mujer que se adjudicaba una obra de más de 700 mil soles cuando en realidad se trataba de una vendedora de pollos en el mercado 21 de abril.
En la capital se escandalizaron frente a este hecho a pesar que los medios locales informamos en su oportunidad con fotografía incluida de la mujer en su puesto en el mercado 21 de abril y señalamos que se trataba de una aparente testaferro que había prestado su nombre para que otros hagan negociados con las adjudicaciones del gobierno regional.
Asumimos que el caso del millonario pago realizado por una obra que no se ejecutó, como es la pavimentación de la avenida los Pescadores, habría corrido la misma suerte, fue objeto de encubrimiento por parte de quienes manejaron la región a su antojo y quienes sometieron a las instituciones a sus anchas, con el poder del dinero sucio.
A pesar del tiempo transcurrido, la Contraloría ha señalado que hechos de estas características no pueden quedar al margen de una investigación y una drástica sanción, por ello ha expedido el informe de la auditoria de cumplimiento a efectos que se denuncien estos hechos al Ministerio Público, lo que ha hecho el procurador anticorrupción.
Asimismo, en la medida que avancen estas pesquisas y se inicie el juicio público podremos conocer los nombres de los ex funcionarios que se prestaron a tamaña estafa y al pago millonario a un consorcio que no ejecuto la obra, que ni siquiera la inició por lo que se pone al descubierto el derroche y despilfarro a las arcas regionales, en una maniobra dolosa propia de tiempos aquellos, cuando el pago de diezmos y los negociados estaban a la orden del día. Que la justicia se encargue de quienes se prestaron a ese juego sucio de los pagos bajo la mesa.