VENECOS
Las autoridades locales reunidas en torno al Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) deberían poner en agenda y debatir la grave problemática que ya representan los ciudadanos venezolanos en nuestra ciudad. Y es que, como lo han hecho en otros lugares, podemos ser buena gente, solidarios y receptivos para ayudar a esta gente que ha debido abandonar a los suyos y dejar sus cosas para venirse al Perú en busca de un mejor porvenir, pero lamentablemente encontraron las cosas muy difíciles. Cierto es que hay “llaneros” que han sabido colocarse muy bien, otros que han hallado la solución en el sub empleo, pero hay un grupo de haraganes y deshonestos que se ha dedicado a la vida delictiva. No existe una sola semana en la que no aparezca una noticia de grescas o asaltos por parte de venezolanos y la semana pasada llegó a colmar la paciencia la pública denuncia de un septuagenario empresario Carlos Villena Mantilla, quien se dejó llevar por su buen corazón y aceptó las súplicas de una joven pareja a la que le dio posada en su vivienda hasta que puedan conseguir algo para instalarse en nuestra ciudad. La pareja de “llaneros” se ganó la confianza del empresario y cuando los dejaron solos en el inmueble rebuscaron todos los ambientes y se llevaron dinero en efectivo, ropa y artefactos. Unos perfectos sinvergüenzas que lo único que consiguen es desacreditar a sus compatriotas que han llegado con el afán de superarse y buscarse un trabajo. Lo cierto es que los actos delictivos que vienen cometiendo estos visitantes ya debe motivar la preocupación de las autoridades en la medida que deben evaluar la necesidad de solicitar la expulsión de aquellos que son sorprendidos en flagrante delito. Hay que comenzar a separar la paja del trigo.
AFECTACION
Se dice que la congresista chimbotana María Elena Foronda Farro, estaría frotándose las manos pues le han dicho que con la sentencia que la semana pasada expidiera la Segunda Sala Civil de la Corte Superior del Santa, podrá solicitar el pago de todas las remuneraciones y beneficios que dejó de percibir durante los 120 días de sanción que se le impuso. Eso es un buen billetón y se lo debe a la sentencia que muchos creen que no tiene el suficiente fundamento en la medida que señala que “la sanción impuesta a la congresista es arbitraria y afecta gravemente el ejercicio de su función legislativa, es decir, “el ejercicio de sus derechos fundamentales de carácter político para la cual fue elegida por sus partidarios”. Sin embargo, la sanción a un parlamentario, dentro de un debido proceso conforme a lo establecido por el reglamento Interno, es decir, por un pronunciamiento de la comisión Ética y luego por el Pleno de la representación parlamentaria, no representa una afectación al debido proceso. En via jurisdiccional no se debería analizar el fondo de la controversia, sin embargo, la congresista fue sancionada por una afrenta al país, por haber llevado al Congreso Nacional a una sentenciada por delito de Terrorismo, en otras palabras permitió que se beneficie con el dinero que pagamos todos los peruanos, a quien formó parte de la caterva asesina que desangró el país. Si eso no se debe sancionar, no sabemos que es lo que se debe castigar para los jueces de nuestra ciudad. Por lo menos, para la gran mayoría de peruanos la congresista fue bien sancionada, parece que en la minoría se encuentran los jueces de la Segunda Sala Civil de la Corte del Santa.
IVAN
Hay quienes piensan que los chimbotanos se están chupando el dedo. Por ejemplo, frente a los serios cuestionamientos que formulara el colegio de licenciados en Turismo por la designación a dedo del operador político de “Somos Perú”, Iván Chávez Hernández como Sub Director Regional de Turismo y Comercio Exterior, el aludido declaró a los medios que estaba renunciando a un sueldo mayor como asesor del Gobernador para asumir una dirección en la que su remuneración será 3 mil soles menos. La verdad es que consterna el repentino espíritu altruista de los políticos de hoy, sin embargo, nada puede ocultar la verdadera razón de la queja de los licenciados pues en el gobierno regional tienen que entender que por muy audaz que sea una persona, cuando existen profesionales de la especialidad se debe optar por ellos. Para promover el turismo se requiere conocimiento y experiencia no se necesitan a criollos y los operadores políticos, aun cuando acepten ganar menos de lo que supuestamente se merecen.