El tráfico de terrenos tiene su caldo de cultivo en los asentamientos humanos de la periferie, en el cono sur aquellos que se han levantado sobre los 217 y 308 hectáreas que el proyecto Chinecas ya ha transferido para vivienda y en el cono norte sobre la base de expansión del P.J. san pedro, lo que implica la toma de las faldas del cerro que limita con este antiguo sector poblacional.
Ello porque en la medida que se trata de áreas demarcadas en medio de una absoluta informalidad, la ausencia de la autoridad edil permite que delincuentes se impongan sobre las pocas familias que residen en cada Asentamiento y hagan el negocio que ellos quieren, vendiendo lotes al mejor postor y sacando a la gente humilde cuando a ellos se les da la reverenda gana.
Lo que encontró la gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial del Santa en los asentamientos de la ciudad fue una realidad lacerante que reclama desde hace muchos años que se ordene y defina su status legal, que las zonas habitacionales cuenten con un saneamiento físico legal que es la base del desarrollo y progreso de los pueblos en formación.
Y es que al margen de la informalidad de su acceso a la propiedad, los funcionarios ediles han realizado una serie de inspecciones y evaluaciones en todos los asentamientos humanos de la zona de expansión y lo han hecho no solo en horas de la mañana, es decir a plena luz del día, sino que han acudido en horas de la madrugada como para impedir que los poseedores de los lotes excusen su audencia con el tradicional estribillo ese de “estuve trabajando”.
Y es que tal como lo ha precisado el ingeniero Alberto Alfaro, gerente de Desarrollo urbano y promotor de este dispositivo legal, en la mayoría de asentamientos se ha detectado una vivencia que rodea el 40%, lo que quiere decir que la mayoría de ranchos que se han levantado corresponde a gente que no solo no necesita un techo donde vivir sino que detrás de ese abandono se imponen sujetos que se dedican al tráfico de terrenos.
“La gente en estos pueblos hace vivencia hasta en un 40 por ciento, en algunos asentamientos humanos de 700 lotes el 80 por ciento se encuentra en abandono”, fue lo que expresó el funcionario edil ante la representación provincial, transmitiendo de esta manera la crudeza de la realidad física que existe en los asentamientos humanos en formación y en expansión.
Muchos dirán que el funcionario no ha descubierto la pólvora y que eso se sabía de antemano, sin embargo, nadie se había decidido a ponerle la mano a un tema tan peliagudo como riesgoso como es el tráfico de terrenos.
Por ello es que la gerencia de desarrollo urbano llegó al seno del consejo municipal llevando bajo el brazo un proyecto de ordenanza municipal con la cual se quiere ordenar este tema de la informalidad en los asentamientos humanos que se han germinado, cierto es, en invasiones qué resultan totalmente ilegales.
Empero, el problema social que se genera en ellos debe ser asumido con responsabilidad, por ello se ha planteado el tema legal a partir de una norma que prohíbe la transferencia de los terrenos que pertenezcan a la Municipalidad Provincial del Santa en los Pueblos jóvenes y asentamientos humanos de la provincia.
Aquellos que detentan la posesión de un terreno no podrán entregarlo en posesión a otra persona por el contrario, si por cualquier motivo debe dejarlo, entonces quedarán en poder de la comuna provincial que se encargará de entregarlo a las familias que realmente lo necesitan.
Para esto se ha tomando en cuenta la gran necesidad de vivienda que existe y prueba de ello es la gran cantidad de solicitudes de personas que buscan un espacio para poder vivir, cerca de dos mil que se encuentran a la espera de ser atendidos, por ello, no se puede permitir que estos espacios, sigan en manos de gente inescrupulosa.
Es una medida realmente desafiante pero necesaria, no se puede seguir alentando la propiedad informal, aquella solo es el caldo de cultivo de la informalidad, por lo tanto, urge que se trabaje en esta formalización en la que se ha empeñado el Gerente de Desarrollo Urbano y que le ha costado extensos y cansinos desplazamientos por todos estos sectores para llevar ese mensaje a cada una de las familias.
Es un gran intento, por lo menos se cuenta ya con un oportuno reglamento que buscará que poner orden allí en donde solo ha primado el abuso y la informalidad.
Necesaria denuncia
La Comisión Liquidadora de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador ha sido denunciada ante la comisión de Fiscalización del congreso de la república a efectos que rinda cuentas de las acciones que viene tomando hasta la fecha y como es que se maneja los dineros que le pertenecen a los pescadores jubilados.
El secretario general del sindicato de pescadores de Chimbote, Macedonio Vásquez contreras, señaló que han tomado esta determinación en la medida que esta comisión liquidadora se maneja como una entidad inexpugnable, que se niega a informar la forma como se han realizado los fines de la institución y como se determinan los pagos que viene haciendo.
Por ello es que recurren al congreso, pues han tomado conocimiento que en una última venta que han efectuado del orden de los 15 millones de soles, no se ha informado a donde fue a parar ese dinero que debería ser entregado a los jubilados.
Lo más grave es que se ha dispuesto el pago de 500 soles a cuenta de las acreencias de los hombres de mar pero esto solo se ha alcanzado a 825 pescadores no se sabe que es lo que pasará con los demás y cuánto dinero es que se ha manejado desde la venta de sus bienes, especialmente del edificio del Policlínico que tenían en Chimbote.
En realidad, la forma tan suspicaz y cerrada cómo se maneja la liquidación de la Caja de Pescador amerita una investigación y que en ella no solo tomen parte los representantes de los pescadores activos y jubilados sino que sea sumaria y se revele a ciencia cierta que han hecho con tanto dinero que pertenecía a los pescadores jubilados que a la fecha no cobran absolutamente nada. Esto es realmente indignante.