Empresa no toma en cuenta subsidios del estado:
Alipio Valdez Saavedra reunido con moradores de Las Brisas.
Usuarios del servicio de gas domésticos empiezan a unirse para exigir a la empresa proveedora del servicio y que también realiza la instalación domiciliaria haga la entrega del respectivo contrato.
Ello sería con la finalidad de saber en qué estrato social se ubican a efectos de ser beneficiarios del subsidio que asume el Estado en la instalación doméstica.
Este beneficio es desconocido por casi todos los usuarios, según se evidenció la tarde de ayer en una reunión que un grupo de moradores del pueblo joven “Las Brisas” sostuvieron con Alipio Valdez Saavedra, Presidente de la Asociación de Instaladores de Gas del Perú.
En esta reunión realizada en el exterior del mercado de “Las Brisas”, Valdez Saavedra explicó que existen dos decretos supremos que benefician al consumidor de gas doméstico en lo que respecta la instalación respectiva hasta el interior de la vivienda.
Indicó que en el estrato 1 están los consumidores de asentamientos humanos de alta pobreza para quienes la instalación es gratis, del estrato 2 el Estado asume el 75 por ciento de la instalación y el 25 por ciento lo asume el usuario, mientras que en el estrato 3 el costo de la instalación es asumido por el Estado en un 50 por ciento.
Después de esta explicación los usuarios presentes en la reunión dijeron que la empresa no les ha otorgado un contrato para conocer el monto de pago a cancelar, por lo que se agruparán para dirigirse a la empresa y exigir la entrega del contrato respectivo y así saber en qué estrato se encuentran.
Alipio Valdez dijo que similar problema se presentó en los distritos de Lima donde se instalaron el servicio de gas doméstico por lo que se realizaron reclamos insistentes a la empresa obteniendo como resultado la devolución correspondiente siendo una cifra millonaria.
En nuestra ciudad la empresa Quavil, encargada de estos trabajos, viene realizando las instalaciones subterráneas en la vía pública y las instalaciones domiciliarias sin que exista una planificación previa, solo llega de manera sorpresiva, cierra calles, empadrona a los vecinos sin dar a conocer contrato alguno o la existencia de beneficios para los usuarios.
Ha sido materia de serios cuestionamientos pero en nuestra ciudad no existe organismo alguno que controle o fiscalice su trabajo, por lo que siendo así deben ser los municipios los que realicen este monitoreo en nombre de su comunidad.