En caso de Fiscalía de Santa:
Juicio oral por caso Desfalco en Fiscalía en fase decisiva.
En el juicio oral por el desfalco de la Fiscalía del Santa, se solicitó una sumatoria de penas de 11 años y 8 meses de prisión efectiva para los ex funcionarios del Ministerio Público del Santa, Gino Reyes Roggero y Fernando Sotelo Valenzuela, a quienes acusó de ser autores de la presunta comisión de los delitos de peculado doloso por apropiación (8 años y 8 meses de prisión) y falsedad ideológica (3 años).
Junto a Reyes Roggero y Sotelo Valenzuela, también fueron acusados los proveedores Germán Humberto Julca Orrillo y Segundo Carlos Andonaire Orbegoso, para quienes el Ministerio Público solicitó se les imponga en su condición de cómplices primarios de peculado doloso por apropiación, la pena de 8 años y 8 meses de prisión efectiva.
Finalmente, para el quinto imputado Román Gerardo Otiniano Cruzado, la Fiscalía solicitó se le imponga, en su condición de cómplice secundario de peculado doloso por apropiación, la pena de 4 años de pena privativa de la libertad.
Los ilícitos penales que habrían cometidos los imputados están relacionados a la facturación de servicios fantasmas y al uso de boletas y comprobantes de pagos falsos, para justificar la apropiación de los recursos de la Fiscalía del Santa.
Según la Fiscalía, el ex administrador Gino Casiano Reyes Roggero (49) durante los años 2015 – 2016, en contubernio con el encargado titular del Fondo para Pagos en Efectivo, Fernando Sotelo Valenzuela, se habrían apropiado del presupuesto asignado, a través de ‘servicios fantasmas’, tales como mantenimiento eléctrico, sanitario, pintado de locales, lavado, laqueado, entre otros, dinero en efectivo que la Gerencia de Tesorería de la Fiscalía de la Nación asignaba mensualmente para realizar dichas reparaciones y mantenimientos y que supera la cifra de un millón 155 mil 36 soles, contando con la complicidad de proveedores.
Para lograr su cometido, prometieron a sus cómplices Germán Humberto Julca Orrillo, Segundo Carlos Andonaire Orbegoso y Román Gerardo Otiniano Cruzado, que por cada comprobante de pago les iban a entregar el 6% de los montos y que finalmente eran entregadas en sus oficinas o en un kiosko de periódicos frente a una empresa de telefonía.