CAMARAS
La reacción que han observado los magistrados de la Corte del Santa, demandando la implementación de una nueva cámara Gesell y planteando ante la presidencia que se pueda habilitar uno de los ambientes que se encuentra libre en el módulo de justicia de Nuevo Chimbote, es un hecho que debe ser evaluado y analizado en el menor tiempo posible. Ello porque los medios de comunicación hemos escuchado las permanentes quejas de los familiares de agraviados de delitos de abuso sexual o violencia familiar, cuyas diligencias son programadas para dentro de cinco o seis meses y la excusa que les dan es que la única cámara Gesell que existe en el edificio de Medicina Legal de Chimbote, el cual depende del Ministerio Público, ha colapsado en materia de señalamiento de diligencias. Inclusive, en algunos casos se han visto discusiones y enfrentamiento entre jueces y fiscales porque estos últimos comunican que tendrán los resultados de las pruebas en cámaras Gesell para fechas que van entre cinco o seis meses por delante. Hace solo unos días una Juez discutía con una fiscal porque ésta señalaba que la entrevista en cámara Gesell de una mujer agredida se realizará en mayo del 2020. Esto es inaudito, en todo este tiempo la agraviada seguramente se desistirá de seguir acusando a su agresor, posiblemente tenga el natural temor de seguir siendo agredida y los magistrados son los llamados a protegerlas. No se puede esperar tanto tiempo para que se realice una diligencia que, en esta clase de delitos, resulta siendo clave y fundamental. Por el momento el planteamiento de los Jueces ha sido asumido con satisfacción por algunas agraviadas que no quieren seguir siendo postergadas y hasta maltratados con el señalamiento de fechas de estas diligencias en tanto tiempo. Esperemos que la Presidencia de la Corte admita el pedido y se coordine con el Ministerio Público para que se habilite otro ambiente.
CALCINADA
Un terrible susto se llevaron los transeúntes que la semana pasada caminaban por la Plaza Mayor de Nuevo Chimbote y fueron testigos del incendio de una mototaxi que se encontraba estacionada en la calle aledaña. El hecho alarmó porque el chofer no fue capaz de controlar el inicio de las llamas y se generó un siniestro impresionante, con lenguas de fuego a gran altura y densa humareda, al extremo que fue necesaria la presencia de los bomberos para extinguir las llamas. Se afirma que un corto circuito fue la causa del incendio, empero, eso queda sujeto a una investigación. La pregunta que se cae de madura frente a este escenario de peligro es ¿quién controla el estado de estas unidades? ¿Pasan alguna revisión técnica? ¿Existe alguna dependencia que controla como es que prestan el servicio? En realidad lo dudamos porque quienes hemos tomado los servicios de estas unidades menores nos hemos encontrado con muchas que se encuentran en precario estado, no solo viejas y vetustas, sino mal cuidadas y con fallas mecánicas evidentes que muchas de las veces apenas si logran avanzar. No existe control alguno por parte de la autoridad municipal a estos vehículos a pesar que todos los días invaden y congestionan las calles, se cruzan como quieren y manejan al filo de reglamento. ¿Alguien podría adivinar que terminarían como la mototaxi siniestrada? Que los funcionarios del municipio de Nuevo Chimbote hagan su trabajo.
RENUNCIADO
El alcalde provincial se ha visto precisado a buscar a otro profesional para la gerencia de recursos humanos, pues el que designó hace solo una semana, Miguel Valderrama Ibáñez, renunció al cargo. En realidad al mencionado funcionario “lo renunciaron” como se dice en el argot popular, pues tenía una sentencia condenatoria en la que se le inhabilitaba para ejercer la función pública, pero arguyó ante la prensa que había planteado una casación y como tal podía atenderÂÂ cualquier designación que se le haga. Es evidente que un ahogado sabe que esto no es cierto, sin embargo, apenas a dos o tres días de haber sustentado tamaña explicación en la prensa, salió el proveído mediante el cual se desestima su recurso de casación y lo declara inadmisible, consecuentemente, se queda con la sentencia condenatoria que le impusieron. En estos casos lo mas recomendable es evitar designar a personas que tienen “aanticuchos”, aun cuando existan impugnaciones de por medio, la función pública requiere de gente que se encuentre a margen de cuestionamientos, en consecuencia, menos se puede admitir a alguien que tiene sentencias condenatorias.