ENCAMINADA
Hace poco más de un año, en esta misma columna dijimos que el derrotero de la congresista Yessenia Pone Villarreal no era otro que el camino a un presidio. Y lo hicimos cuando en el Parlamento por fin dejaron de blindarla y decidieron sancionarla por 120 días de suspensión sin goce de haberes y con la remisión de su caso al Ministerio Público, pues se había establecido que falsificó documentos para acreditar que había cursado estudios escolares. ¿Recuerdan? cuando la prensa descubrió que los “compañeros de estudios” que aparecían en el certificado presentado por la congresista eran “escolares fantasmas” y que los profesores no la conocían pero ni en pelea de perros” recién el congreso la sancionó porque si no lo hacía sería una real vergüenza. Sin embargo, la denuncia penal no caminaría por la inmunidad parlamentaria, la comisión de acusaciones constitucionales nunca llevó su caso al pleno para quitarle la inmunidad y desaforarla, hasta que llegó la disolución del congreso. Un mes después cesarían los efectos de la inmunidad parlamentaria, por ellos los órganos judiciales que ventilaban su caso, en Lima y en Huaraz retomaron las pesquisas. Para comenzar, el segundo juzgado de Investigación Preparatoria de Lima atendió el pedido de la fiscalía para que se dicte una orden de impedimento de salida del país para la ex congresista teniendo en cuenta que podría darse a la fuga. A pesar que Ponce Villarreal dijo que se allanaba al pedido del Ministerio Público, el juzgado le aplicó la restricción a efectos de garantizar su presencia durante la investigación. Y en la medida que Ponce Villarreal se encuentra domiciliada en Lima, se supone que no podrá salir de la capital salvo para la fecha que sea notificada desde Huaraz en donde se le investiga por el mismo delito pero por hechos diferentes. Uno, el de Huaraz es por el caso de la falsa declaración en la hoja de vida y en Lima se le investiga por la falsificación de documentos a la que apeló para sostener su mentira.
CALIFICACION
Pero, por el mismo hecho que Yessenia Ponce estuvo blindada todo este tiempo por el congreso disuelto, este caso recién comienza, la justicia ha dado sus primeros pasos y lo hace con el mismo patrón que ha utilizado en los casos de corrupción de los políticos de este país, es decir, con una medida cautelar de restricción para abandonar el país. Conforme al estado del proceso, corresponde ahora al Ministerio Público calificar los hechos y solicitar la condición jurídica que tendrá la congresista durante las pesquisas, es decir, si se dicta una medida de prisión preventiva o se le dicta mandato de comparecencia con restricciones. Este paso es ineludible y se adopta en función a la gravedad del delito que se investiga y las condiciones personales del incriminado. Y en este aspecto hay que recordar que a la ex congresista se le juzga por delito contra la fe pública en la modalidad de falsa declaración en juicio, es decir, el mismo delito por el cual hace unos años fue juzgado el ex Gobernador regional de Ancash, Enrique Vargas Barrenechea y todos recordamos que se trata de un delito que es castigado con pena de cárcel efectiva. La justicia condenó a Vargas Barrenechea por engañar al electorado con una falsa declaración jurada en su hoja de vida, por ende, en donde existen los mismos hechos existen las mismas sanciones, todo indica que si la justicia es coherente con sus decisiones debe hacer lo mismo con Yessenia Ponce. Veremos cómo proceden más adelante.
INVESTIGADO
Tal como ya se preveía, el Gobernador regional de Ancash, Juan Carlos Morillo Ulloa, irá a juicio por el caso de la omisión de declaración de dos sentencias en su hoja de vida. La sala penal de apelaciones de Huaraz ha declarado fundado el recurso impugnatorio presentado por el fiscal y la procuradoría anticorrupción en contra de la resolución de un juez supernumerario que en sus cinco minutos de atención del juzgado decidió archivar la denuncia que se seguía contra Morillo y otros. La excepción de improcedencia de acción ha sido desestimada y ahora Morillo hará frente a la justicia, con el agravante que el propio Morillo ha aceptado la comisión del delito que se le imputa al haberse acogido a Principio de Oportunidad y reconoció que omitió las declaraciones en su hoja de vida, sin embargo, el fiscal desestimó su pretensión y emitió una disposición fiscal para incluirlo en este espinoso caso. Este proceso se suma al caso del canal integrador Santa San Bartolo, es decir, dos denuncias que se hicieron antes que asuma el cargo.