La Policía y la Fiscalía de Crimen organizado, ha realizado un arduo trabajo en los últimos años para desarticular a las mafias que operan extorsionando, usurpando, falsificando y hasta asesinando en nuestra ciudad.
Todo ello como consecuencia de diversas actividades delincuenciales, como el cobro de cupos en obras de construcción civil, en el chalequeo de embarcaciones pesqueras, en el transporte público, en el robo de vehículos y en el tráfico de terrenos, especialmente esta última que es una actividad lucrativa que ha cobrado mucho arraigo en los últimos años.
Como consecuencia de estas intervenciones se ha llevado a mucha gente a las cárceles, se ha decomisado bienes y documentos y se han iniciado complejos procesos penales que, en algunos casos, no han cumplido su objetivo y han permitido que los investigados puedan ganar nuevamente las calles al no existir aun una acusación.
En el caso específico del tráfico de tierras hemos registrado hasta dos intervenciones de megaoperativos por parte de las autoridades, uno de ellos que permitió detener a una veintena de sujetos vinculados a la mafia denominada “Los Chacales del desierto” y en otra oportunidad se puso a buen recaudo a los llamados “Orellanitas”.
En el primer caso se trata de delincuentes avezados que hacían un trabajo de amedrentamiento y extorsión para despojar de lotes de terrenos a gente necesitada y por otro lado los revendían a otras familias con la finalidad de lucrarse, ni siquiera se detenían en advertir el grave problema que generaban a muchas familias.
Estos maleantes no solo apelaron a las amenazas y amedrentamientos, a la colocación de petardos y explosivos en las puertas de sus víctimas, sino que actuaban con sicarios que eran capaces de asesinar a quienes se oponían a sus actividades ilícitas.
Los otros, los llamados “Orellanitas”, eran en realidad abogados y sus asistentes que traficaban con terrenos que sabían que tenían problemas registrales y de propiedad, por lo que falsificaban documentos e ingresaban a los predios de manera violenta parta despojarlos, es decir, que olvidaron los años que habían estudiado para defender principios jurídicos y se convirtieron en vulgares delincuentes.
Precisamente, como consecuencia de este accionar decidido y contundente de las autoridades que persiguen el crimen organizado, muchos pensábamos que se había perpetrado un duro golpe a estas mafias y que los delincuentes dedicados a este accionar delictivo se habían replegado a su cuarteles de invierno o incursionando en otras modalidades delictivas, pero nos equivocamos.
La semana pasada fue asesinado el abogado Jorge Enrique Briceño Solano en el interior de un rancho en el asentamiento humano “Los Pinos” del Ppao, en el distrito de Nuevo Chimbote, específicamente en la manzana A lote 20.
La Policía encontró el cuerpo en posición de cúbito ventral y vestía camisa de color blanca, pantalón de color oscuro y zapatos también del mismo color y se sabe que llevaba casos de algunos de los moradores sobre posesión de terrenos.
Al momento del ataque estaba reunido con otras dos personas cuando llegaron dos sujetos uno de los cuales le disparó a matar, sin que exista alguna motivación, se trata de sicarios que fueron contratados para ultimar al letrado.
Este hecho ha motivado a que la Policía inicie pesquisas en el lugar de los hechos en la medida que todo apunta que se trata de un ajuste cuentas o venganza porque el letrado había conseguido encausar el derecho de los moradores a ser reconocidos en su vivienda, contra las intenciones delictivas de los traficantes de tierras.
La misma dirección de los disparos que hicieron los delincuentes nos llevan a esos escenarios pues el cuerpo tenía un impacto de bala en el cuello y otro en el cráneo, lo que nos indica que los asesinos llegaron a matar sin miramientos.
Esto demuestra, una vez más, que el tráfico de tierras sigue vigente en los asentamientos humanos del cono sur, especialmente en las invasiones, en donde los delincuentes que se dedican a esta actividad toman la mayor parte de los lotes, los venden a quienes necesitan de un techo donde vivir y luego despojan otros lotes a personas que ya han pagado por el espacio.
Se trata de una modalidad delictiva que las autoridades no han llegado a controlar hasta la fecha, no podemos olvidar que dirigentes que se han opuesto a la actividad de estos delincuentes han perdido la vida a manos de estos sicarios, otros obreros que consiguieron un lote de terreno y no permitieron que se los despojen también han dejado de existir bajo este régimen delincuencial.
Hoy ha sido el abogado Jorge Briceño Solano y mañana o más tarde será otro, de allí que la Policía y su servicio de Inteligencia ya debería de esbozar una estrategia para hacer frente a estos maleantes, se trata no solo de identificar a los autores materiales de estos crímenes, lo cual es una tarea difícil en la medida que son sicarios que habitualmente no dejan huella de su accionar, sino que se tiene que llegar a los verdaderos mentores de estos asesinatos.
Los promotores del tráfico de terrenos en las invasiones sureñas son los que planifican estos hechos de sangre, son ellos los que contratan a los sicarios y de esta manera solo tratan de imponer su accionar delincuencial frente a una población desguarnecida que debe pagar con su vida la justificada oposición a que los despojen de sus lotes de terreno.
El abogado Jorge Briceño había acudido al lugar ante el llamado de los dirigentes del A.H. “Los Pinos”, en el sector del PPAO que es una nueva invasión cuyos pobladores tratan de obtener sus constancias de posesión y ser reconocidos con un documento oficial y ese es, precisamente, el trabajo que iría a realizar el asesinado abogado.
De allí que existen muchos testigos que saben lo que habría pasado en la escena del crimen, hay gente que conoce quienes son los traficantes asesinos y ya es momento que los delaten porque hay que terminar de raíz con esta lacra del tráfico de terrenos y las mafias vigentes que aún se mantienen en esta ilícita actividad.