Editorial

Editorial: ::: NO ESCARMIENTAN :::

En los últimos dos años, más de una decena de efectivos policiales en actividad han terminado recluidos en el Penal de Cambio Puente, sujetos a órdenes de prisión emanadas de jueces que han calificado las denuncias formuladas por el Ministerio Público luego de sorprenderlos en celadas montadas tras ser denunciados por haber exigido o recibido coimas para dejar de lado intervenciones que han realizado en el ejercicio de su función.

El último fin de semana el turno ha sido de un efectivo de la Policía de Tránsito, quien fue intervenido por la Policía anticorrupción luego de haber recibido una suma de dinero para desvirtuar la intervención que había realizado a un chofer por infracción de tránsito, cuyos familiares denunciaron el hecho.

A diferencia de otros casos en los cuales es el efectivo policial el que induce al intervenido a desvirtuar su accionar con una suma de dinero, en esta oportunidad la coima habría sido ofrecida por el chofer intervenido luego que un familiar suyo, también perteneciente a la Policía Nacional, no pudo convencer al efectivo de tránsito para que le permita seguir su camino.

No ha trascendido, cual sería la falta o infracción que habría cometido el chofer, si se pasó una luz roja o carecía de algún documento de obligatorio cumplimiento para los conductores, lo que se ha podido conocer es que aquel se puso en contacto con un familiar para pedirle que intercediera en su favor.

Se trata de un familiar del chofer intervenido que es miembro de la misma institución policial y quien habría tomado contacto telefónico con el Sub Oficial de la Policía de Tránsito, Elvis Mattos Palomino, a efectos que le hiciera un servicio de ayudar a su pariente que habría sido hallado en falta, una petición que suele ser usual al interior de la entidad policial.

Aparentemente, el sub oficial no habría aceptado dejar sin efecto su intervención, razón por la cual el familiar le indicó al chofer que le ofrezca una suma de dinero porque no quería hacerle un servicio a pesar que esta clase de pedidos suele tener una respuesta positiva.

Solo cuando el chofer le indicó a su familiar que ya había conseguido salir de la intervención sin que le impongan una multa sino llegando a un acuerdo económico con efectivo policial de tránsito, la Policía anticorrupción recibió una llamada dándole a conocer el hecho y revelando la identidad y el lugar donde se hallaba el oficial corrompido.

Fue entonces que se montó la celada con participación del Ministerio Público y fue cuando se encontró el dinero en poder del efectivo de la Policía de Tránsito, las imágenes que se han difundido permiten observar como es que el intervenido es despojado de sus prendas y distintivos como el casco, el marbete y las insignias de su institución para luego colocarle las marrocas y ser introducido al vehículo que lo llevó al calabozo de la Policía anticorrupción, en donde permaneció hasta la noche del sábado hasta que fue puesto a disposición del Juzgado que estaba evaluando ayer su condición jurídica.

Hay quienes aducen que este efectivo policial corrompido ha sido víctima de una deslealtad por parte de otro miembro de la Policía que se quedó picón, como se dice en el argot criollo, luego que le negara hacerle un servicio para que no infraccione a su familiar y que por ello lo denunció.

Esto no puede ser cierto, al margen de la indiferencia del efectivo policial de tránsito para aceptar o no el pedido de su colega, el acto de corrupción se concreta cuando el funcionario, es decir el agente de tránsito, acepta recibir una suma de dinero para hacer o dejar de hacer un acto propio de su función.

La corrupción de los efectivos policiales de transito puede calificarse como un cohecho activo o pasivo, propio o impropio pero sigue siendo un acto de corrupción que la ley sanciona con drasticidad cuando se trata de efectivos de la Policía Nacional que transgreden sus funciones y traicionan la confianza que su institución ha depositado en ellos, solo para lucrarse.

Ocurre que en estos casos de intervenciones policiales a choferes particulares o de transporte público, suelen presentarse estos casos en los que el conductor ha cometido una infracción en el manejo o en la carencia de documentos que son de uso obligatorio como el SOAT, la licencia de conducir, etc., y, en estas circunstancias el intervenido suele reclamar porque trata de impedir que le apliquen una papeleta que le significará el desembolso de una importante suma de dinero. Es una reacción lógica y usual.

Este es el momento en que se definen las potenciales figuras delictivas, generalmente es el chofer quien trata de persuadir al efectivo policial para que deje sin efecto la papeleta, Algunos entregan sus documentos y entre ellos un billete como símbolo implícito de una coima, otros le dicen al efectivo que puede dejarle para su gaseosa.

Pero también se suelen presentar escenarios diferentes, aquel en el que es el propio efectivo policial el que toma la iniciativa y le dice al chofer que está en falta y que una papeleta podría costarle una elevada suma, pero si le deja para el combustible podría dejarlo pasar sin problemas, otros son mas abiertos y le dice que deje lo que es su voluntad, pero todas las propuestas tienen ese mismo sesgo delictivo.

Por ello es que la intervención del último viernes ha tenido ese mismo carácter de aquellas que se produjeron el año pasado cuando se intervinieron a varios efectivos policiales en las calles y hasta en las mismas sedes policiales, incautándoseles el billete en su poder, lo que constituye la prueba irrefutable de su accionar corrupto y que debe ser castigo con la prisión.

Hasta el momento de escribir este comentario se realizaba la audiencia de prisión que estaba programada para ayer domingo tras vencerse la medianoche del sábado el plazo de 48 horas de detención, empero, tratándose de un caso de flagrancia de delito es presumible que la justicia disponga nueve meses de prisión al implicado. Esta es una decisión ineludible y se genera, esencialmente, por que el personal policial no escarmienta, incurre en las mismas mañoserías delictivas pese a los innumerables casos que se han presentado.