Por falsificar escritura pública:
Mitchel Ramos Janampa y Michel Agurto Honores, condenados.
El Tercer Juzgado Penal Unipersonal, sentenció a 4 años de prisión, suspendida en su ejecución por el periodo de 3 años, sometidos a reglas de conducta, al exjuez supernumerario Mitchel Gregory Ramos Janampa y al presunto líder de la organización criminal Los Traficantes de Cuello y Corbata, Edwin Michel Agurto Honores, quienes fueron hallados culpables del delito de falsedad ideológica.
El proceso se inició con la acusación del Ministerio Público, que acusó a Agurto Honores y Ramos Janampa, de haber insertado información falsa en una escritura pública, consistente en una minuta de venta del inmueble ubicado en la manzana F lote 18 del pueblo joven Siete de Junio en el distrito de Nuevo Chimbote, de propiedad de Sarela Gessie Marcelo Gordillo, en la que la agraviada supuestamente le vendía su propiedad a Edgar Sergio Gil Rodríguez.
Para ello, falsificaron la firma de su víctima, quien el 23 de abril de 2015, fecha en la que se concretó el delito, se encontraba fuera del Perú.
El fiscal señaló que Janampa, aprovechando la amistad que tenía con Edgar Gil Rodriguez, lo instigó para que firme la minuta de compra venta del referido inmueble. Luego, Edwin Agurto, realizó los trámites notariales insertando información falsa en la escritura pública.
Finalmente, la jueza Lis Reto De Los Ríos, encontró responsabilidad en ambos inculpados y los sentenció a 4 años de prisión, suspendidos en su ejecución por el plazo de 3 años, durante los cuales deberán someterse a reglas de conducta. La reparación civil se fijó en 500 soles en favor de Notaría Pastor La Rosa y mil soles, para la agraviada.
Mitchel Gregory Ramos Janampa, es un exjuez supernumerario del Juzgado Mixto de Huepetuhe de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, que fue destituido por el Consejo Nacional de la Magistratura por haber admitido y tramitado acciones de amparo y concedido medidas cautelares que desviaron a los justiciables de la jurisdicción predeterminada por ley, mediante resoluciones sin una debida motivación y no aplicando la norma pertinente para el caso.