El gobierno tiene pensado promulgar en cualquier momento un decreto de urgencia que implemente un régimen de beneficios y gracias constitucionales a algunos reclusos de los diferentes penales del país que vienen cumpliendo penas efectivas.
La norma tiene por finalidad despenalizar los centros penitenciarios y tiene su antecedente en la puesta en vigencia de una norma legal que permitió la excarcelación de sentenciados que venía cumpliendo carcelería por omisión a la asistencia familiar, es decir, por no reconocer la obligación alimenticia respecto a sus hijos.
Esta última disposición estableció que aquellos que han sido condenados por no haber cumplido con una obligación elemental, como es dar la subsistencia a los hijos que procrearon, podrían salir en libertad antes de cumplir la pena impuesta siempre que cumplan con pagar las deudas que se habían generado hasta la fecha por dicha obligación.
No se trata de una repentina generosidad del gobierno o de los legisladores, se planteaban estos escenarios legales atendiendo a la emergencia nacional y sanitaria por la que atraviesa el país por la pandemia del nuevo coronavirus, más conocido como COVID 19.
Y es que la propagación del virus, su altísimo nivel de contagio y, fundamentalmente, su grado de agresividad, encuentran un caldo de cultivo en los establecimientos en donde se concentran las personas, en aquellos lugares en donde no se puede guardar la distancia social requerida.
No podemos olvidar que por ello se decidió en marzo pasado suspender las actividades de los cines, competencias deportivas, discotecas etc., entonces, pocos recordaron que un establecimiento en donde se mantiene esa indebida tugurizarían son los Penales de todo el país, la mayoría de los cuales ha colapsado en su capacidad.
Uno de ellos es el Penal de Cambio Puente de nuestra ciudad, considerado como un Penal de máxima seguridad, pero que no ha hecho gala de esta característica al haber permitido que ingrese sin permiso el temible virus del COVID 19.
Esto ocurrió la semana pasada cuando se detectaron a dos reclusos que estaban contaminados con este mal y fueron aislados, inclusive, en la medida que estuvieron confinados en la prevención, es decir, alejados de las celdas de los internos, se estimaba que no contagiarían a la población penal.
Sin embargo, estos malos cálculos no consideraron que estos internos habrían tenido contacto con personal penitenciario, con abogados y policías, es decir, que existía la probabilidad que el virus se haya internado en el recinto penitenciario.
Sin embargo, las autoridades no estaban en condiciones de poder muestrear o poner en cuarentena a toda la población penal y por ello es que la situación se les fue de las manos, inclusive, a despecho que los internos provocaron un amago de motín demandando que los protejan de este terrible mal.
Ayer lamentamos la muerte de tres internos del mencionado Penal a causa del coronavirus, inclusive, uno de ellos era un abogado que estuvo involucrado en un sonado caso y quien estando purgando carcelería adquirió el virus cuando su organismo no se encontraba inmunológicamente protegido, de allí que ya sabemos cómo actúa el nuevo coronavirus con estos pacientes.
Horas antes habían fallecido en el hospital regional “Eleazar Guzmán Barrón” otros dos internos por la misma enfermedad. Si es que las autoridades no toman medidas inmediatas se podría generar una tragedia en el penal de Cambio Puente, el COVID ha llegado a sus instalaciones y no será necesaria únicamente una desinfección.
Los penales son caldo de cultivo de esta enfermedad, son establecimientos expuestos al contagio masivo de este mal, de allí que es imperativo que se adopten medidas urgentes si es que no se quiere ver crecer el número de víctimas en un recinto en donde ya toda la población penal debe estar contagiada. Que esta situación no se escape de las manos de las autoridades.