Editorial

EDITORIAL: ::: ABUSO DE PODER :::

Los diferentes de sindicatos que reúnen a los pescadores de todo el litoral, por lo menos los de nuestro puerto, han rechazado las pretensiones de las grandes corporaciones pesqueras de convocar a sus tripulantes para iniciar lo que ya se avizora como una inminente primera temporada de pesca.

Los dirigentes sindicales han señalado que los pescadores han sido convocados por las grandes empresas que están decididas a reiniciar sus actividades a pesar que nos encontramos en una emergencia nacional sanitaria que ha llevado a todos los peruanos a un asilamiento obligatorio que ya se prolonga por más de un mes y medio.

Y es que este asilamiento obligatorio o cuarentena absoluta se ha plasmado como una medida gubernamental que no solo busca impedir el colapso del sistema de salud del país, sino que trata de impedir que se propague el virus de manera masiva.

Siendo esto así, retomar las faenas de pesca expone a los pescadores a un contagio inminente, más aun cuando el hecho que la enfermedad se encuentre en una fase comunitaria, es posible que muchos de los pescadores adquieran el mal sin que nadie lo sospeche por la existencia de casos asintomáticos.

Sin embargo, para poder satisfacer las dudas ministeriales, los oligopolios pesqueros han dado a conocer la vigencia de un protocolo que busca que garantizar que se embarquen solo aquellos tripulantes que no tengan el contagio del virus, pretendiendo de esta manera sustentar la imposibilidad que en medio de las faenas de pesca se pueda diseminar el virus.

Este protocolo involucra el reclutamiento de los tripulantes en un centro de hospedaje por tres días, y cubren los costos de una prueba molecular y mantienen a los pescadores en los hoteles sufragando los gastos de alimentación hasta que salgan las pruebas, de tal suerte que si existe algún caso positivo es aislado y solo se embarcan aquellos que tienen pruebas negativas.

Sin embargo, los gremios de pescadores consideran que esto no es tan sencillo pues a la fecha existe un grado de contaminación que supera la misma acreditación de pruebas, se conoce que el virus tiene un periodo de incubación que es capaz de detectarse días después que alguien lo haya adquirido.

Una prueba de ello es que en los últimos días se han revelado casos de pescadores que se han contaminado apenas en el periodo de preparación de las embarcaciones, como son los casos de las empresas pesqueras “Diamante” y “Tasa”, cuyos pescadores han resultado contagiados cuando realizaban los trabajos de acondicionamiento de las naves y han llevado el virus a sus respectivas familias.

Por ello es que se ha exhortado al Ministerio de Producción que evalúe detenidamente la autorización del levantamiento de la veda pesquera, existen algunas actividades que se permiten dentro de la emergencia, empero, en la medida que no existen garantías suficientes como para concentrar a varias personas en una misma embarcación para realizar arduas faenas de pesca, debe analizarse esta actividad.

Si bien por un lado existen versiones relacionadas al buen tamaño y los bancos de peces derivados de la ausencia de actividades de pesca por las restricciones derivadas de la emergencia nacional, también es cierto que antes que cualquier expectativa económica se encuentra la salud de las personas.

Los pescadores no pueden ser utilizados como “carne de cañón” por empresarios que solo realizan cálculos de utilidades, cuando existe un riesgo y una amenaza latente de contagio y hasta de muerte si es que en las tripulaciones se encuentran personas vulnerables, con cuadros clínicos que pueden no ser de su conocimiento pero que los exponen a un riesgo innecesario.

De allí que el gobierno tiene la responsabilidad de velar, antes que nada por la vida y la salud de los pescadores, peor aun cuando ellos vienen siendo coaccionados a embarcarse bajo amenaza de ser retirados de sus planillas. Esto no es más que un abuso de poder que un gobierno, que maneja con seriedad la emergencia, no lo puede permitir.

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