BONOS
El hecho que nos encontremos en una situación de emergencia no quiere decir que cada quien puede hacer lo que se le da la gana y que la autoridad competente no puede perseguir el delito. Así lo han entendido los trabajadores del sindicato de administrativos del sector educativo de la provincia de Santa, SUTACE, que en asamblea acordaron denunciar ante el Ministerio Publico los ilegales cobros que han efectuado los trabajadores estales de la UGEL Santa por concepto de bonos de productividad durante los meses de emergencia que no laboraron. En otras palabras, han cobrado por producir sin haber trabajado. Ese solo hecho es un acto delincuencial, pero lo peor, es decir, lo que califica como muy grave este hecho es que ese cobro de bonos o “plush”, como ladinamente lo denominaron, a esas alturas ya estaba prohibido, no sólo por la propia titular de la UGEL, María Inés Valverde Cueva, quien lo dejo por escrito, sino por la Contraloría General de la Republica que el año pasado advirtió la ilegalidad de estos pagos y solicitó a Ministerio Publico que inicie una investigación. En otras palabras, pese a que ese cobro está sujeto a una investigación penal, los audaces servidores estables de la UGEL volvieron a hacerlo efectivo en favor de ellos mismos y cuando ni siquiera han trabajado por la emergencia, como para justificar alguna productividad. Nos imaginamos que la Fiscalía no ha esperado que el gremio sindical solicite una investigación sino que ya debe haber operado de oficio, incluso, la Fiscalía que investiga la denuncia de la Contraloría debe sumar este hecho a sus pesquisas, pues los responsables ya deberían tener su traje a rayas.
ASISTENCIA
Hace unas semanas un regidor de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote criticó abiertamente al alcalde Domingo Caldas por haber distribuido pollos en los Pueblos Jóvenes, respondiendo a la donación de una empresa, sin embargo, el hecho resultó un escándalo por el desorden generado por los pobladores que salieron de sus casas y se arremolinaron queriendo ganar un animal, rompiendo el aislamiento (era toque de queda) y el distanciamiento social. Obviamente, la buena intención del alcalde se vio desbordada por la desesperación de la gente. A diferencia de lo que ocurrió en esa ocasión, el último fin de semana la Municipalidad Distrital de Nepeña hizo lo mismo, el alcalde Pedro Carranza López coordinó con una empresa avícola de la zona que decidió donar cuatro mil quinientos pollos y, previo acuerdo de aceptación del donativo por parte del concejo municipal, se dispuso un operativo para entregar estas aves en cada casa, con el apoyo policial respectivo con intervención de otras autoridades y del comité de damas de esa Municipalidad consiguieron el objetivo de llevar pollos a los pueblos más alejados y necesitados, evidenciando una capacidad de organización impresionante. Nuestro reconocimiento por ello pues esa es la manera de trabajar.
INDULTO
El presidente de la república ha sido bastante duro con las agrupaciones políticas que lo cuestionan por promover indulto de condenados por causal humanitaria y en relación a la vulnerabilidad de aquellos ante la pandemia del COVID 19 que estamos atravesando. “En mi Gobierno no habrán beneficios a violadores, corruptos o terroristas”, dijo. Sin embargo, el último fin de semana parece que le filtraron la gracia presidencial a un condenado por delito de corrupción, un ex alcalde de la provincia de Pallasca que fue sentenciado y venía purgando condena por corrupción. Ha alegado su avanzada edad para acogerse a ese beneficio, empero, eso no deberá ser suficiente para que un condenado por corrupción procure aletear y salir libre de prisión. Parece que en ese caso sus colaboradores le hicieron pisar el palito al Jefe de Estado.