Dr. Edhín Campos Barranzuela (*)
Bastante beneplácito ha causado en la comunidad jurídica, la reciente aprobación de facultades legislativas que el Congreso de la República, le ha otorgado al Poder Ejecutivo, para que legisle en el nuevo marco legal para excarcelar a procesados y condenados que se encuentran privados de su libertad, por riesgo de contagio del Covid-19.
Según, ha precisado el Presidente del Consejo de Ministros Vicente Zevallos, en un plazo de siete días se tendrá el nuevo marco regulatorio para deshacinar los 68 establecimientos penitenciarios que tenemos en el Perú.
No cabe duda, que en los centros carcelarios que tiene el país, se vive una terrible situación de hacinamiento, pues los mismos fueron construidos para una determinada cantidad para albergar a los internos, sin embargo su capacidad instalada ha desbordado toda imaginación humana.
La población carcelaria a diciembre del 2019, es de 95,548, de los cuales 60,669 son sentenciados, que representa el 63.45% y 34,879 tienen la calidad de procesados, que representan el 36.55%, es decir tenemos más sentenciados que presos preventivos.
Se ha ello le sumamos, que debido al avance del Covid-19, el número de muertes de los internos se ha incrementado de manera alarmante, ya la situación es preocupante, pues a la actualidad según se ha podido conocer, existen 188 presos que han muerto y 13 agentes del Inpe también han fallecido, como consecuencia del avance del coronavirus.
Por tal razón, urge tener un nuevo marco legal que faculte a los jueces de la República, para que puedan resolver la situación jurídica de ciento de miles de procesados y condenados, que sean merecedores a este nuevo beneficio, que corresponderá aquellos internos que no se encuentren detenido por la comisión de delitos considerados graves.
En efecto, el Poder Ejecutivo tiene ahora las facultades para legislar en materia penal, procesal penal y penitenciaria y debe convocar de manera inmediata a los mejores expertos, a fin de dotar de una nueva legislación excepcional, en donde además participen sus propios actores como el Poder Judicial, Ministerio Público, Colegio de Abogados, Ministerio del Interior, Instituto Nacional Penitenciario, Ministerio de Salud y Defensoría del Pueblo.
Por lo pronto, se tienen tres Proyectos de Ley, el primero elaborado por el propio Poder Ejecutivo, enviado el pasado 05 de mayo del año en curso al Presidente del Congreso, que establece medidas excepcionales para el deshacinamiento de los establecimientos carcelarios y centros juveniles por riesgo de contagio del virus Covid- 19.
También, tenemos los dos Proyectos de Ley enviados por el Presidente del Poder Judicial, al Poder Legislativo, que están referidos a la Remisión Condicional de la Pena y Revisión Excepcional de la prisión preventiva, con la finalidad de descongestionar las 68 cárceles en el Perú, a propósito de la propagación del coronavirus.
El primer proyecto, está referido a las nuevas medidas de cesación de la prisión preventiva para todos los internos e internas procesados, que no se encuentren investigados por la comisión de delitos considerados “ graves “.
Para tal efecto y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 283 del Código Procesal Penal, el Juez competente evalúa los elementos de convicción del imputado y adicionalmente debe tener en cuenta que el solicitante se encuentre dentro del grupo de personas vulnerables de especial riesgo al Covid-19, así como también el riesgo de vida, su afectación a la salud y el riesgo de contagio y propagación al coronavirus al interior de los establecimientos penitenciarios.
Por su parte el segundo Proyecto de Ley de la Corte Suprema de Justicia de la República, está referido a la Remisión Condicional de la Pena y tiene por objeto incorporar, temporalmente, la remisión condicional de la pena privativa de la libertad efectiva para los internos condenados, con el fin de impactar positivamente en el deshacinamiento de la población penitenciaria a nivel nacional y preservar la vida, la integridad y la salud de las personas privadas de libertad por sentencia firme.
En tal sentido, la nueva reforma del marco legal penitenciario, hoy se encuentra en las manos del Poder Ejecutivo, pues el problema de las cárceles en el Perú, debe solucionarse de inmediato, toda vez que con la salud pública, no se vacila, no se espera, ni se juega y se calcula que 10,000 internos aproximadamente egresen de los establecimientos penitenciarios, previo estudio de cada caso por el Poder Judicial.
[*], Juez Superior Titular de la Ex – Sala Penal Nacional, Phd en Ciencias Legales por la Atlantic International University, Doctor en Derecho y Educación, Magíster en Ciencias Penales, Licenciado en Ciencias de la Educación, Licenciado en Comunicación Social, Docente Universitario, Profesor de la Academia de la Magistratura.