Por ilegal y abusiva detención:
Tanto el abogado Denis Montoro García como el alcalde provincial Roberto Briceño Franco, presentaron ayer sendas quejas contra efectivos de la policía nacional, como consecuencia del ilegal y abusivo operativo que montaron en la vivienda de propiedad de los padres del primero de los nombrados y que concluyó con el traslado de ambos a la sede de la Comisaría de Alto Perú, en medio de un escándalo público.
La quejas fueron ingresadas la mañana de ayer a la oficina de inspectoría de la Jefatura de la división policial de Chimbote y en el caso del alcalde se dirige contra el Sub Oficial PNP KELVIN RUIZ SEIJAS, y la Mayor PNP REBECA ESTEFANIA GONZALES MENDOZA, mientras que el abogado Denis Montoro ha quejado a estos mismos y, además, a los Sub oficiales de Tercera EDGAR MANUEL MONZON PAIVA y JUNIOR ESTEBAN OCHOA SIMA, a quien se le deberá notificar a través de la División Policial de Chimbote.
Además de estas quejas, el letrado señaló que estará formalizando la denuncia penal ante el Ministerio Público tan pronto como esta institución implemente la plataforma virtual para la recepción de escritos y denuncias porque hasta la fecha solo atienden las fiscalías de turno.
Los hechos están relacionados con la violenta y arbitraria incursión de un contingente de efectivos policiales a la vivienda de los padres del abogado Denis Montoro García, buscando al alcalde provincial Roberto Briceño Franco, porque supuestamente estaría tomando parte en un supuesto acto de corrupción de funcionarios.
Tras la violenta intervención en la que los policías no midieron la fuerza y lesionaron gravemente a la funcionaria edil María Montoro García, el alcalde fue sacado a rastras y trasladado a pie hasta la sede de la comisaría de Alto Perú, en donde ante la inexistencia de pruebas de corrupción alegaron que el burgomaestre habría incurrido en infracción al régimen de aislamiento al participar en una fiesta con música y alcohol, sin embargo, solo sacaron dos botellas de cerveza y el dosaje etílico del burgomaestre resultó negativo, por lo que terminaron alegando que había una infracción al régimen sanitario al no llevar mascarillas, olvidando que los intervenidos no estaban en la vía pública sino dentro de una vivienda, por lo que alli no es una obligación, todo lo cual derivó en el archivo de los actuados.
De acuerdo a la queja la intervención policial no solo resultó ilegal porque participa una unidad anticorrupción en donde no existía evidencia alguna de este delito, sino que terminan acusando infracción del régimen sanitario, cuando todo evidencia que los efectivos policiales, haciendo mal uso del uniforme y desprestigiando a su institución se habrían prestado a una componenda para promover un escándalo y desacreditar al alcalde de la ciudad, hecho que se demuestra con la decisión de trasladar al alcalde como detenido, llevado de los brazos por espacio de varias cuadras cuando tenían a su disposición unidades vehiculares en las cuales debieron realizar esta travesía.
El letrado denuncia el abuso policial señalando que se han cometido en su agravio abuso de autoridad, allanamiento ilegal de morada y exposición de personas a peligro, al haberlos obligado a trasladarse a la comisaría sin medidas de protección, solo pensando en el afán de exponer a la autoridad al escarnio público que, finalmente, fue el objetivo de este operativo.
Las denuncias deberán ser tramitadas por la unidad de investigación de la Policía conforme a sus reglamentos y, sobretodo, solicitando los actuados a la Fiscalía que fue comunicada de la detención del alcalde y el abogado, la misma que finalmente terminó por desestimar la intervención al no existir evidencias de infracciones siquiera sanitarias.