Tal como lo habíamos comentando, la elaboración de las bolsas populares o canastas familiares, como se le denominó a la ayuda proporcionada por el gobierno para las familias vulnerables en estos meses de emergencia, ha generado una serie de cuestionamientos por la forma como se llevó a cabo este proceso por parte de los municipios.
Desde la calidad de los alimentos, los montos anunciados y hasta el sistema de distribución estuvo en tela de juicio, empero, ahora que este programa ha culminado hace ya algunas semanas, la contraloría general de la república y la fiscalía anticorrupción han comenzado a tomar medidas para escudriñar y conocer como es que realmente se ha utilizado el presupuesto millonario que remitió el gobierno central.
En los últimos dos días la Fiscalía anticorrupción ha intervenido las oficinas administrativas de los Municipios de Moro y Casma atendiendo a denuncias anónimas que dieron cuenta de malos manejos de los recursos, de compras irregulares y sobrevalorizadas que el Ministerio Público ha decidido deslindar.
Ha llegado a cada uno de los municipios y ha solicitado los antecedentes de estas adquisiciones, ha inmovilizado documentos originales de las órdenes de compra, los requerimientos, las pecosos de entrega de productos y todo lo que ha significado el proceso de compra y embolsado de estas canastas de ayuda familiar.
Por ejemplo, en Casma no solo ha llegado al municipio para recoger los documentos pertinentes sino que ha visitado algunos establecimientos que aparecen como proveedores de la comuna casmeña en este proceso de elaboración de las bolsas y han demandado los comprobantes de pago que han extendido por la venta de los alimentos.
Hay que tener en cuenta que estos casos están relacionados a una presunta sobrevalorización de los costos de los alimentos, hay otros municipios en donde se han adquirido productos de baja calidad, aquellos que carecen de registros sanitarios o de certificados de calidad, de tal suerte que se saca ventaja de la diferencia de precio para aprovecharse de los recursos y perjudicar finalmente al consumidor.
Estas graves falencias deben ser esclarecidas, no hay derecho que en el distritos de Santa, por ejemplo, los pobladores hayan recibido conservas de pescado con restos de óxido en el fondo de las latas y cuando se ha querido verificar de donde proceden se descubrió que las etiquetas no precisan los datos de los fabricantes y menos los registros sanitarios que son los únicos que puedan dar fe de un producto de calidad y que no exponga la salud del consumidor.
De la misma manera, no se puede soslayar que hace algunas semanas atrás las autoridades incursionaron en una planta informal de producción de conservas de pescado y se descubrió que de allí se comercializaba en los mercados productos carentes de certificaciones de garantía, lo que representa un grave peligro para la salud.
Aparentemente, esta clase de centros fabriles clandestinos fueron la fuente de provisión de muchos municipios que allí encontraron los productos que requerían para justificar la entrega de las bolsas porque de esta manera se ahorraban costos que se presumen son las que fueron a parar a bolsillos extraños.
Estas son las ladinas facetas que tanto la contraloría general como la Fiscalía deben deslindar y determinar la manera como se manejó un presupuesto que estaba destinado a un programa de ayuda social, que tenía como objetivo saciar la necesidades de los sectores mas pobres, consecuentemente, la responsabilidad de quienes se hayan aprovechado de los mismos se agrava y califica mucho más.
Hay que tener en cuenta que la ley castiga drásticamente a quienes se aprovechan de los recursos públicos, pero lo hace mucho más cuando los recursos dilapidados estaban destinados a objetivos de ayuda social, consecuentemente, habrá muchas sorpresas.
Habrá que conocer todo lo que ha pasado con estas bolsas con yaya que se distribuyeron a nivel nacional. Estanos convencidos que se hallarán muchas sorpresas.