Dr. Edhín Campos Barranzuela
Esta semana una Comisión Especial del Congreso de la República, debe designar la forma, modo y circunstancias como se debe elegir democráticamente, a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, quienes han sobrepasado su tiempo de elección de cinco años.
La novedad de esta nueva elección, es que se ha conformado un grupo de trabajo legislativo, con la finalidad ya no de invitar a “ personas notables “, para que puedan integrar el máximo organismo de interpretación de la Constitución, sino ahora se realizará de acuerdo a un concurso de méritos académicos, morales y democráticos de los aspirantes y he allí su importancia.
Esta semana, los congresistas que conforman esta Comisión Especial, se han reunido con la finalidad de coordinar todos los aspectos administrativos, para su instalación respectiva y asimismo ultiman detalles, para la convocatoria al concurso de evaluación y méritos de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional.
La agenda parlamentaria, de esta semana está muy apretada, toda vez que se realizará la presentación del nuevo Gabinete Martos, en donde los Congresistas tendrán la oportunidad de escuchar la nueva política general de gobierno, luego sus intervenciones parlamentarias, la respuesta del nuevo Premier y la votación de confianza o de probable censura al nuevo gabinete.
Luego, tendremos la interpelación al Ministro de Educación Martín Benavides y se prevé que habrá un interesante debate congresal, que concluirá con la toma de una importante decisión de pronósticos reservados.
Dentro de esa vorágine parlamentaria, la Comisión Especial para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, tiene que instalarse formalmente y esta sesión será de manera virtual, como habitualmente se viene realizando el trabajo parlamentario de manera remota.
Dentro de este contexto, esta Comisión Especial estará conformada por un Congresista de cada bancada y la finalidad de esta comisión es la de elaborar el reglamento del concurso de méritos, establecer el cronograma de convocatoria, en donde se publicará la lista de candidatos, así como recibir y resolver las tachas que se pudieran presentar contra los postulantes y así evitar aspirantes que tengan problemas anteriores y posteriores a su juramentación, como sucedió en el último concurso público realizado por la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia.
Por lo pronto, el pleno del Congreso aprobó por mayoría la reforma de modificación de la selección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, para que este proceso de evaluación, se realice por un concurso público de méritos.
Dentro de las modificaciones a la norma, se ha establecido que la propia Contraloría General de la República se encargue de la veeduría del concurso público, también recibir y examinar las declaraciones de ingresos, bienes y rentas, así como la de gestión de conflicto de intereses de los candidatos.
Un aspecto positivo de esta nueva elección, es que el concurso público de méritos será similar al que realizó la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia, en la cual se pudo apreciar por los diferentes medios de comunicación todo el cronograma oficial de convocatoria, como por ejemplo el acceso a los curriculum vitae de los candidatos, la presentación y resolución de tachas, así como las entrevistas que se realizaban en tiempo real y en ese mismo día los miembros de la Comisión Especial votaban sobre determinado candidato dando a conocer los resultados y de tal manera no hubo cuestionamiento sobre su trabajo profesional.
Un aspecto importante, de la reforma normativa para la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, es que su nuevo reemplazo se realizará con la elección del magistrado que tiene más tiempo en el ejercicio del cargo o con la colegiatura más antigua, de lo que se pretende que el más antiguo en el cargo, será reemplazado con la elección del nuevo magistrado y así sucesivamente, hasta concluir con todos los miembros que han sobrepasado sus cinco años en la magistratura constitucional.
La importancia, en la elección de los magistrados del máximo intérprete de la Constitución obedece, a que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 202 de la Constitución Política del Estado, el Tribunal Constitucional de encarga de revisar como única instancia, las leyes contra las que se presentan acciones de inconstitucionalidad y además evalúa en última y definitiva instancia, toda sentencia judicial que se haya denegado a través de un proceso constitucional de hábeas corpus, demanda de amparo, hábeas data y acciones de cumplimiento, así como también conocer los conflictos competenciales o atribuciones que asigna la carta política.
Evidentemente, durante estos últimos años el Tribunal Constitucional ha sido protagonista de la emisión de importantes sentencias para la vida del Estado Constitucional y Democrático de Derecho y muchas de sus resoluciones a favor o en contra de los justiciables, constituyen precedentes vinculantes de obligatorio cumplimiento para todos los jueces de la República.