Por: Gustavo Tapia Reyes, periodista y profesor.
A fines de julio-2020, un menor de 2 años de edad murió ahogado, tras caer a un pozo de 100 metros de profundidad, sin tapa, cuando paseaba en un parque de la urbanización Roma, en El Cercado y la oleada de indignación se extendió a todo el país, señalando responsabilidades en Sedapal y en la Municipalidad de Lima, ante lo cual ambas emitieron comunicados donde ninguna aceptó nada. Poco más y el pozo se abrió en un descuido de los padres, asumiendo de oficio la 12° Fiscalía Provincial Penal realizar una investigación; después, casi terminando agosto, una fiesta clandestina, a razón de la inmovilización social obligatoria ante la pandemia, organizada en la Discoteca “Tomás Restobar”, distrito de Los Olivos, acabó con la vida de 13 asistentes, aplastadas y atropelladas, de entre las casi 200, cuando la presencia de agentes de la Policía Nacional produjo una estampida.
En los días sucesivos prosiguieron fluyendo acusaciones. Si el pozo estaba fuera de uso, por qué no lo clausuraron o colocaron una señal de peligro, evitando así una tragedia o quién cerró la puerta durante la intervención policial, en tanto, esta clase de eventos continúan realizándose, apareciendo más posibles responsables: el dueño o administrador del local, el promotor o promotores, el cantante desapareciendo en medio del caos; los padres reclamaron saber los nombres de quienes incumplieron sus funciones, convirtiendo al pozo en una trampa mortal, pudiendo ser otro niño quien caiga; durante los funerales de algunas víctimas se advirtió la ruptura del distanciamiento social, bebiendo cerveza los presentes, bailando sobre las tumbas y, mientras los padres del niño veían como ciertas autoridades de lavaban las manos, se descubrió la puerta había sido cerrada desde el interior, jamás habiéndose lanzado bombas lacrimógenas y hubo el intento de borrar las imágenes de las cámaras de seguridad.
Conforme al avance de los días la muerte del menor fue olvidada, surgiendo en su reemplazo determinar cuántos debían responder por las 13 vidas extinguidas, arrestándose al administrador de la discoteca Job Luque Ayala, quien estuvo preso, pues, manejando ebrio, mató a un peatón y citarse al cantante Juan Peña, acudiendo a declarar, cada cual buscando salvarse del embrollo, hasta mediados de setiembre, en pleno proceso galopante del covid-19, aprovechando una alocución en el Congreso de la República (CR), el integrante de Unión por el Perú (UPP), Edgar Alarcón pidió permiso al presidente Manuel Merino para, cruzando el hemiciclo, alcanzarle una memoria USB conteniendo sospechosos diálogos del mandatario Martín Vizcarra, la asesora Karem Roca y la secretaria general Miriam Morales, destapándose un presunto afán de ocultar información, faltando a la verdad, alcanzando a las altas esferas del gobierno, debido al espinoso caso de, en el Ministerio de Cultura, haberse contratado al cantante Richard Cisneros (a) “Richard Swing”, pagándole la friolera de S/ 175,000.00, por brindar una serie de charlas motivacionales, sin tener el perfil requerido.
De inmediato, con una celeridad nunca antes vista, acusándose a Vizcarra Cornejo de “incapacidad moral permanente”, en menos de 12 horas se tramitó, respecto a su admisión o rechazo, una Moción de Vacancia, erigiéndose en líderes visibles, Alarcón Tejada, el excontralor, acumulando 39 investigaciones fiscales y, Merino de Lama, militante del partido de Acción Popular (AP), jugando de continuo en pared, negando se haya orquestado un complot, admitiendo recibió aquellos audios y, en automático, ordenó sean transmitidos, asegurando Edgar Alarcón, acompañado de dos asesores, haberlos escuchado, instaurándose una línea de interrogantes en relación al proceder de ambos, apoyándolos en aceptar la moción, las bancadas de Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular (FP), Frente Popular Agrícola, debiendo añadirse AP y UPP, importándoles un comino la inoportunidad, viviéndose unos meses del sistema de salud colapsado, además la causal se basaba en grabaciones pendientes de verificación.
El hambre de poder se hizo más evidente, una vez se descubrió Manuel Merino había llamado al comandante general de la Marina, Fernando Cerdán, “solo para informarle”, admitió, que el CR afrontaría la crisis política, originada desde Palacio de Gobierno, bajo una estricta sujeción a lo establecido en la Carta Magna, días a continuación, el ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, denunció dos allegados al presidente del CR, Santiago Arancibia y Daniel Huarcaya, le habían enviado mensajes de texto a su celular, recomendándole siendo joven piense, estaba en los planes de seguir ocupando el mismo cargo, en un probable gobierno de transición, cuyo jefe, resultaba obvio, sería Merino de Lama, dándose, al mismo tiempo lo insólito de la Comisión de Fiscalización, presidida por Alarcón Tejada, sesionar en paralelo al debate sobre la Moción, teniendo nada menos a la implicada Karem Roca, jurando ver un padre en el mandatario Vizcarra, siendo incapaz de grabarlo, según se dejaba entrever. Irrumpió también el impresentable Cisneros Carballido diciendo fanfarroneó (“Yo le organicé todo para que pueda venir desde Canadá a gobernar”, “El cierre del Congreso se lo ordené yo”, “Tengo un montón de pruebas guardadas”), porque sabía lo estaban grabando.
Lo anterior viene a registro en la explicación de cómo en la sociedad mediática del siglo XXI, inherente al “homo videns” de Giovanni Sartori o al “homo televidens”, corregía Marco Aurelio Denegri, los hechos y las personas se transforman en veloces piezas de recambio. Hoy, en la cresta de la popularidad, es siquiera alguien (los padres del menor, Luque Ayala, Edgar Alarcón y Manuel Merino), mañana apenas un recuerdo, permitiendo se suscite lo nuevo gracias a unos individuos sentados frente a las pantallas de televisión, control remoto en las manos, miran noticias acerca de la administración pública vuelta en un codiciado botín, enterándose ormenores de los espectáculos montados en torno a las muertes del menor y de las 13 irresponsables, anticipando la posterior desesperación del dúo Alarcón-Merino anhelando asaltar al Poder Ejecutivo, para recién, de cara a las elecciones generales del año correspondiendo al Bicentenario de la independencia, hallarse en condiciones de cambiar las reglas. Imposible no advertir primaron los intereses de grupos políticos, al extremo de APP y FP, sintiendo la presión retrocedieron, más aún si César Acuña y Keiko Fujimori, se pronunciaron contra la vacancia, llegando debilitada al día de la decisión, viernes 18-setiembre-2020, logrando apenas 32 votos a favor.
Allí empezó a bajar la marea en relación al presidente Martín Vizcarra investigado por Fiscalía de la Nación, optando en despedir a Karem Roca y aceptar la renuncia de Miriam Morales (cada una tiene familiares o gente de su entorno trabajando en puestos públicos), replanteando su estrategia de reactivar la economía flexibilizando ciertas medidas, en paralelo a cuidar se cumplan las diligencias en la compra de las vacunas anti covid-19. ¿Y qué sucedió en los casos del menor ahogado y de las 13 fallecidos? Parafraseando al poeta Pablo Guevara diremos: murieron solos. Nadie se acuerda de ellos.