La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República acaba de declarar improcedente el recurso de casación planteado en contra de las sentencias de primera instancia que desestimaron las oposiciones de una ciudadana para detener las órdenes de demolición de una vivienda que se levanta en la vía pública.
El caso está relacionado con una demanda formulada por la propietaria de un inmueble que se ubica en la prolongación de la avenida Alfonso Ugarte, quien había invadido el área destinado a la vía pública y había edificado en un terreno que tiene la condición de intangible.
Pese a las comunicaciones de la autoridad municipal, la propietaria hizo caso omiso y con el paso de los años, cuando la Comuna Provincial del Santa decidió pavimentar la doble vía de la prolongación de Alfonso Ugarte, no pudo terminar la obra porque la vivienda de dos pisos lo impedía, incluso, a pesar de los procedimientos legales que inició para retirarla de ese lugar a través de una demolición.
Sin embargo, las autoridades ediles de años anteriores ofrecieron llegar a buenos acuerdos con la ciudadana en la medida que había invertido en una construcción que, aun cuando era ilegal, resultaba comprensible que se le compense con otro terreno o con algún porcentaje del justiprecio de la vivienda.
Sin embargo, la propietaria rechazó todas estas propuestas, por el contrario, se mantuvo en sus trece a pesar que los abogados le advertían que no era propietaria de nada en la medida que nadie puede asumir alguna atribución jurídica sobre la vía pública.
La vivienda está enclavada en uno de los carriles de la doble vía de la prolongación Alfonso Ugarte, razón por la cual la Municipalidad procedió a disponer su demolición, orden coactiva contra la cual se plantearon los recursos impugnatorios, primero, y luego las demandas judiciales con la finalidad de prolongar esta medida.
Han transcurrido más de seis años y la semana pasada ha llegado a la municipalidad la notificación de la ejecutoria suprema mediante la cual la Sala Civil Transitoria desestima el recursos de casación por ser improcedente, es decir, que ni siquiera ha calificado los hechos materia del proceso judicial sino que ha desestimado de pleno el concesorio de la casación porque no se adecúa a lo que señala la ley.
En otras palabras aquella acción impugnatoria era indebida e irregular y lo único que ha conseguido es dilatar el tiempo y que la Municipalidad Provincial no pueda continuar con un proyecto que debió culminarse hace muchos años.
Lamentablemente, hay quienes proceden de esta manera, promueven acciones legales a pesar que la tutela jurídica no les corresponde en tanto que es evidente que nadie puede pretender un derecho sobre lo que es la vía pública.
El desarrollo y progreso de los pueblos no puede detenerse por afanes y ambiciones de esta clase, la Comuna Provincial deberá demandar la ejecución de la decisión de ultima y definitiva instancia y proceder a la demolición del inmueble para que se termine finalmente la obra de pavimentación que permitirá a los vehículos transitar libremente y con mayor afluencia por ese sector.
Esta es una calle de desfogue vehicular del casco urbano, lamentablemente, la presencia de este inmueble no ha permitido el descongestionamiento del tránsito, de allí la importancia de la decisión judicial que ha llegado la semana pasada y que pone punto final a una controversia que ha perjudicado demasiado a la ciudad.
Esta decisión judicial debe dejar sentado un precedente a efectos que en el futuro otras personas no pretendan lo mismo, no busquen la manera de sacarle la vuelta a las normas y ocupen la vía pública con fines lucrativos, con la finalidad de apoderarse de un terreno a sabiendas que existe una prohibición legal.
Lo importante es que el litigio ya concluyó, que no existe otra posibilidad de impedir que se pavimente esta vía, por ello se espera que la comuna y la autoridad judicial comunique a la ocupante que desocupe el bien porque tiene que ser de demolido. Es el final de una ignominia que solo ha causado perjuicio por años a la ciudad.