¡De la crisis política a la destrucción económica!
Por: Víctor Andrés Ponce (*)
Una de las razones por la cuales la Constitución de 1993 ha posibilitado una continuidad democrática sin precedentes –a través de cuatro elecciones sucesivas– es su régimen económico, que multiplicó el PBI por tres, que aumentó el PBI per cápita a cerca de US$ 7,000, y que redujo la pobreza, de 60% de la población a solo 20%. En ese contexto, la sociedad comenzó a organizarse como una de ingreso medio; obviamente, antes de la pandemia y de los yerros acumulados por el Ejecutivo.
Si el gran Ciro Alegría, el autor de El mundo es ancho y ajeno, resucitara y contemplara a los consumidores de los conos norte, sur, este, y oeste de Lima, y observara a las multitudes de compradores y vendedores de las ciudades, se preguntaría cómo así los personajes excluidos de sus novelas se han convertido en los consumidores de las urbes; cómo así los comuneros de ayer, golpeados por los mistis, hoy son los dueños de Lima y las principales ciudades. La respuesta es una sola: el modelo económico establecido en la Constitución que prohíbe expresamente el estado-empresario, que desregula precios y mercados, que establece la preeminencia de los contratos y la propiedad de los privados sobre el Estado y la intervención estatal, y que excluye cualquier forma de proteccionismo.
Sin embargo, a cualquier viajero en el tiempo no solo le llamaría la atención cómo el mundo andino hoy prácticamente ha tomado las ciudades y el Perú, sino cómo existe una economía reducida de los formales y un extenso universo informal, en donde la empresa y el emprendedurismo se combinan con la pobreza. Cualquiera llegaría a la conclusión de que el Estado –con sus sobrerregulaciones, procedimientos, sistema tributario y costos laborales– se ha convertido en enemigo mortal de esa emergencia popular, de los torrentes de migraciones andinas que se han transformado en mercados populares y pelean todos los días con el Estado sobrerregulado y costoso.
¿Cómo es posible entonces que se haya producido, bajo la misma Carta Política, una explosión de mercados formales e informales junto a un Estado que solo cobra impuestos y casi no ofrece servicios? En las últimas dos décadas de democracia, si bien los gobiernos no pudieron crear empresas públicas ni regular precios ni mercados –por la prohibiciones constitucionales– si se dieron maña para sobrerregular los procedimientos hasta convertir al Perú en una de las economías más burocratizadas de la región: por ejemplo, en minería los procedimientos aumentaron de 25 a 250 para concretar una inversión; y en el tema laboral, el Tribunal Constitucional le sacó la vuelta al espíritu desregulador de la Constitución, estableciendo que el trabajador despedido tenía derecho a la reposición en el puesto antes que a la indemnización correspondiente. Es decir, la estabilidad laboral absoluta.
Una pregunta surge: ¿Por qué todas las administraciones democráticas posfujimorato han tendido a sobrerregular el Estado? La respuesta es una sola: por la feroz ofensiva ideológica y cultural de las corrientes marxistas y colectivistas. Los relatos del ambientalismo radical en contra de las inversiones mineras, la supuesta defensa de DD.HH. para debilitar la autoridad del estado democrático, las teorías de género y otros temas del llamado multiculturalismo se apoderaron de los sentidos comunes del espacio público. El Estado se pobló de sobrerregulaciones y de dependencias, se crearon ministerios artificiales, se mantuvieron empresas públicas, creció el gasto corriente como nunca en la historia; y de pronto el Estado llegó a gastar un tercio del PBI (alrededor de US$ 65,000 millones), antes de la pandemia. Un Estado enorme para el tamaño de nuestra economía.
Hoy que la crisis institucional y política se entrecruza con una megarrecesión sin precedentes –que destruirá por lo menos el 15% del PBI, alrededor de siete millones de empleos, y arrojará al 30% de la población debajo de la línea de la pobreza– los sectores colectivistas señalan que todo se explica por falta de Estado, que todo es culpa del modelo neoliberal consagrado en la Constitución, sin mencionar que las izquierdas se convirtieron en la burocracia dorada de ministerios y dependencias improductivas en las dos décadas de continuidad democrática.
A partir de este posicionamiento, las corrientes neomarxistas empiezan a proponer una nueva Constitución para redactar un texto anticapitalista y antimercado. La propuesta todavía no asoma con fuerza, pero ya se dibuja la punta del iceberg ante el primer golpe de vista. Sin embargo, estamos seguros de que la mayoría de peruanos se percatará de que esa propuesta no es sino el modelo velasquista que empobreció al 60% de los peruanos y escenificó la actual tragedia venezolana en el Perú de los años ochenta: hiperinflación, terrorismo y gente que tenía que comerse sus perros y mascotas. Los peruanos advertirán esa verdad y, una vez más, las corrientes antisistema serán relegadas del favor popular.
(*) Director de
www.elmontonero.pe