Ordena nuevo juicio con otro magistrado:
La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa, declaró nula la sentencia absolutoria expedida en primera instancia en favor del expresidente regional César Joaquín Álvarez Aguilar y el exgerente de la Subregión Pacífico, Juan Carlos Gallo Zegarra, procesados por los delitos de colusión y malversación de fondos en agravio del Estado, en el caso de la obra de construcción de la sede del Nuevo Código Procesal Penal de Nuevo Chimbote.
El órgano superior colegiado ordenó la realización de un nuevo juicio por otro órgano jurisdiccional. Así como anuló las absoluciones, el colegiado superior también anuló las condenas que se impusieron a un grupo de ex funcionarios.
Los magistrados de la Sala, consideraron que el fallo de primera instancia a cargo del Juez Fernando Arequipeño Ríos vulneró la garantía de la motivación adecuada y que no se valoraron adecuadamente las pruebas actuadas en el juicio oral.
Asimismo, que no se realizó un análisis adecuado con el mismo estándar para los que se absolvió, lo que afecta el debido proceso.
Por estas razones, se consideró declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución N° 49 emitida el 6 de junio de 2019, por el Sexto Juzgado Penal Unipersonal Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia del Santa, en el extremo que absuelve a Álvarez Aguilar y a Gallo Zegarra.
Del mismo modo, se declara fundado en parte el recurso de apelación que interpuso la Procuradoría Pública Anticorrupción Descentralizada del Distrito Judicial del Santa contra la misma resolución, respecto a la absolución del expresidente regional de Áncash y del exgerente de la Subregión Pacífico.
La Primera Sala Penal de Apelaciones, también declaró fundada en parte la apelación de los exfuncionarios sentenciados por colusión, William Teddy Bejarano Rivera, Enrique Bernardino Godoy Palacios y Cecilia del Rocío Alfaro García; así como de la empresaria Mariela Gloria Rivero Antúnez, sentenciada a tres años de cárcel, suspendidos en su ejecución, como cómplice.
En calidad de ponente, actuó el juez superior Víctor Alcócer Acosta. La Sala es integrada además por los magistrados superiores Nixon Espinoza Lugo y Carlos Castro Rodríguez.