Joven santeño pierde la vida:
- Trágico accidente ocurrió en sector conocido como “La curva del diablo”, en jurisdicción de Guadalupito.
- Franco Jaime Burgos Leiva (25) murió de manera instantánea tras el violento impacto.
El abogado del Gobernador de Ancash denunció esta mañana un exceso y arbitrariedad en el desempeño de sus funciones de los Fiscales a cargo de las investigaciones por presuntas irregularidades en construcción y equipamiento de los Hospitales por gastos de urgencia por el COVID-19.
Carlos Fernández Beltran abogado de Juan Carlos Morillo Ulloa denunció públicamente una actuación irregular de los Fiscales Robert Rojas Ascón y Janet Arias Maguiña quienes le notificaron sobre una diligencia después que se había realizado, lo que significa que se cumplió sin participación de las partes en la investigación.
Fernández Beltrán señaló que los Fiscales dispusieron una diligencia de incautación sin notificar a las partes investigadas que necesariamente tenían que participar, “nos han notificado a las 9.39 de la noche para una diligencia que ya se había realizado, inclusive en mi caso, abrí mi correo a las 6.30 de la mañana del día siguiente y no había tiempo para nada, eso es irregular” señaló el letrado.
Explicó que los representantes del Ministerio Público deben actuar con arreglo a ley y respetando el debido proceso y no dejarse presionar ni desesperarse por realizar actos de investigación sin cumplir con las exigencias previas, de lo contrario, están contaminando las pruebas.
“Están realizando actos de investigación con prepotencia y sin importarles el debido proceso. Vamos a tomar una serie de acciones que garanticen una investigación imparcial, puestos que estos excesos no ayudan a esclarecer los hechos” manifestó Carlos Fernández Beltrán.
Según trascendió, la Fiscalía Especial que investiga las denuncias en el gobierno regional de Áncash había solicitado un informe sobre las personas que manejaban la cuenta del correo electrónico a cargo de las cotizaciones, pero esta información no fue respondida.
Ante ello, la Fiscal Janet Arias Maguiña solicitó ingresar a la base de datos del disco duro y los funcionarios le respondieron que ello no era posible porque la diligencia tenía otra finalidad.
Sin embargo, la Fiscalía incautó el disco duro y luego notificó la disposición de la incautación, lo que a decir del abogado Fernández Beltrán debió realizarse con presencia de las partes.