Pero Juez anula su incautación por ilegal:
- Fiscal Robert Ascón apela a detención preliminar por espacio de 7 días para investigados.
- Juez declaró ilegal e infundado su incautación de bienes y documentos por lo que pedido de detención pierde peso.
El fiscal provincial Robert Rojas Ascón, de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Ancash, solicitó al Poder Judicial mandato de detención preliminar para el gobernador regional Juan Carlos Morillo Ulloa, para funcionarios de su gestión y para empresarios, entre los que se encuentra una empresaria chimbotana.
El petitorio, que fue ingresado pasado las 9 de la mañana de ayer al Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Ancash (Huaraz), consigna que es en marco de la investigación por el delito de colusión agravada en agravio del mismo gobierno regional de Ancash.
El magistrado del Ministerio Público solicitó la detención preliminar por el plazo de 7 días también para funcionarios como Pedro Miguel Velezmoro Sáenz, quien recientemente ha sido designado como Director Regional de Transportes y Comunicaciones en reemplazo de Iván Hernández Carrasco.
También para Jhony Constantino Muñante Quispe, para Jiordano Renzo Alva Pinedo, Antonio Brigui Cerna Shuan, Italo Bryan Kiyoshi Lon Kan Pérez, Juan Wilson Mendo Sánchez, Ángel Enrique Velásquez Abanto, William Percy Rojas Vereau y la empresaria chimbotana Ninel Romero Bartusiak.
Los hechos de la investigación están referidos al gasto de recursos y la contratación en la ejecución de ambientes y compra de equipos en el marco de la emergencia sanitaria para enfrentar el coronavirus en los que se habrían coludido funcionarios y empresarios.
Los gastos están referido a infraestructura y equipamiento en el hospital “Víctor Ramos Guardia” de Huaraz, del Hospital Regional de Chimbote “Eleazar Guzmán Barrón”. Para el fiscal anticorrupción Rojas Ascón la probable pena que podría recaer en los investigados en el supuesto de encontrarlos responsables, superarían en exceso los 4 años, lo que a su criterio es un presupuesto para solicitar la medida de detención preliminar conforme al artículo 261 del código procesal penal.
El representante del Ministerio Público imputa a Morillo Ulloa haber defraudado al gobierno regional de Ancash causando perjuicio económico y financiero a la entidad agraviada concertando con los interesados y demás funcionarios investigados para favorecer a los representantes de las empresas ganadoras para ejecución de infraestructura y equipamiento de los nosocomios antes mencionados.
Finalmente, también se conoció que en el extenso pedido de prisión preliminar por 7 días, que consta de 65 folios, el magistrado del Ministerio Público ha solicitado además autorización de allanamiento e incautación de bienes en las viviendas y empresas de los denunciados.