Hace solo dos semanas los peruanos nos lamentábamos por la crisis de inestabilidad que se había generado en el país luego que el congreso de la república decidiera sorpresivamente aprobar el pedido de vacancia presidencial y obligando a una transición gubernamental que se tradujo en violencia en las calles.
Ello fue la resultante de una reacción categórica de rechazo a una maniobra de tipo político que solo vislumbraba las ansias de poder de congresistas que pensaron solo en su horizonte personal y no en el destino del país, por ello es que se sucedieron marchas y manifestaciones, represión y ataques que derivaron en la infortunada muerte de dos jóvenes.
Algo similar ocurre ahora en nuestra Región Ancash en lo que se refiere al descabezamiento de su dirección y gestión, pues el Juez del Quinto Juzgado anticorrupción de Huaraz decidió admitir el pedido de la fiscalía que ha demandado una detención preliminar de 7 días contra el Gobernador Juan Carlos Morillo Ulloa, medida que se hizo efectiva la mañana del ultimo lunes en la sede regional.
El Gobernador había acudido al Ministerio Público con la finalidad de entregar su pasaporte y demostrar su disposición de acompañar la investigación que viene realizando el fiscal Robert Rojas Ascón, empero, se encontró con una medida judicial que la defensa del gobernador ha calificado como exagerada y desproporcionada.
Como es de dominio público, desde hace dos o tres meses el Gobernador regional es investigado por la Fiscalía por la ejecución de obras y compras que consideran irregulares y sobrevalorizadas en el marco de la pandemia del Covid 19, las cuales fueron difundidas en su momento y, si la memoria no nos traiciona, dichos cargos fueron desvirtuados por los funcionaros regionales.
Sin embargo, en las últimas semanas el Fiscal Robert Rojas, quien formaba parte del Ministerio Público del Santa y fue destacado a las Fiscalías de Huaraz, retomó esa pesquisa y estuvo realizando una serie de intervenciones en los hospitales de Chimbote como de Huaraz, hurgando en los acervos documentarios y contables del mismo gobierno regional, lo que representa una medida necesaria en tanto que lo que es materia de deslinde son las actuaciones de las dependencias regionales.
Sin embargo, de pronto se suscitó un enfrentamiento entre el mencionado fiscal y el Juez Derby Quezada, lo que generó una fuerte reacción mediática que habría llevado al magistrado a dictaminar una orden de detención preliminar que, a decir de los argumentos de cargo y de la defensa, no se condice con lo que se ha avanzado hasta el momento.
Más aun cuando un pedido de esta naturaleza es el antecedente de la solicitud del Ministerio Público de una medida de prisión preventiva, así ha funcionado hasta el momento y se evidencia en el hecho que lo que se busca es garantizar la presencia del investigado e impedir una posible fuga y obstaculización de las pesquisas.
Justamente, esto es lo que no se entiende cuando se habla de una autoridad que está en funciones, que aparece suscribiendo convenios con autoridades de toda la región, que participa con el presidente de la república tras la juramentación de este último y cuando no se ha puesto en evidencia que no fuera ubicable.
El Fiscal ha llegado a esta conclusión porque el Gobernador no despacha en la ciudad de Huaraz, sin embargo, en todos los medios se sabe que ha establecido su despacho transitoriamente en Chimbote por razones médicas, pues no debe olvidarse que Juan Carlos Morillo ha superado recientemente un proceso de contaminación del Covid 19 y por ello es que ha dejado de viajar a la zona sierra para evitar los efectos de la altura ante un mal que atacó a su sistema respiratorio.
Esto es más controversial cuando el juez considera que una detención preliminar se justifica por ser menos gravosa que la prisión preventiva, una consideración que no guarda relación con el objetivo de la misma, es decir, el peligro de fuga que no se ha podido demostrar a la luz de las actividades públicas del gobernador.
Lo cierto es que, como ha ocurrido en los primeros meses de la emergencia sanitaria cuando el Gobernador se contagió con el Covid, Ancash se queda en una situación de inestabilidad, esperemos que se defina la actuación judicial y se asuman las medidas que concierne de acuerdo a las pruebas y los actuados, a efectos que la administración regional no se vea afectada nuevamente como ha venido ocurriendo a lo largo de años. Ancash ha sido la región con más gobernadores encarcelados hasta la fecha, esperemos que no sigamos en este mismo remolino de disposiciones, resoluciones y persecuciones.