Pide que Juez se corrija:
“El Gobernador Regional Juan Carlos Morillo no tiene una acusación judicial y menos una sentencia en su contra, solo existe una hipótesis fiscal sobre el delito de colusión agravada que no ha sido probada ni demostrada, pero con la que, increíblemente, se aceptó una detención preliminar”.
De esta manera se ha pronunciado el Gobierno Regional de Áncash ante la crisis que se ha generado la mañana de anteayer lunes como consecuencia de la detención de su titular en momentos que había acudido al despacho del fiscal Roberto Rojas Ascón.
Al respecto, el gobierno regional precisa que Morillo Ulloa se presentó a todas y cada una de las diligencias a las cuales fue requerido y ha entregado toda la documentación que se le ha solicitado, inclusive, asevera que se presentó al octavo despacho de la Fiscalía anticorrupción de Huaraz para hacer entrega de su pasaporte y demostrar de esta manera su plena predisposición para apoyar la labor jurisdiccional, desvaneciéndose de esta manera el criterio de “peligro de fuga”.
Tras calificar la orden de detención expedida por el juez Derby Quezada Blanco como “abusiva, arbitraria e ilegal”, el Gobierno regional de Ancash advierte que se está sentando un nefasto precedente judicial respecto a la función que cumplen los gobiernos regionales.
En tal sentido, precisa que el gobernador Juan Carlos Morillo es acusado y detenido por el solo hecho de haber solicitado, mediante oficio, al consejo regional de Áncash, la aprobación de las contrataciones directas por la causal de emergencia sanitaria por el covid 19, un acto que forma parte de sus funciones y que son exigidas por la ley, mucho más aun en una situación excepcional por la pandemia por la cual atravesamos.
En este orden de ideas el gobierno regional se lamenta que debido a esta pretensión judicial “ahora cualquier Gobernador alcalde o presidente de la república puede ser privado de su libertad simplemente por el hecho de dar trámite a los documentos y por ejercer sus funciones que están debidamente establecidas en la ley.
Asimismo, recuerda que la asamblea nacional de Gobiernos Regionales ya se ha pronunciado respecto a la orden de detención preliminar de 7 días que ha dictado el juzgado de Huaraz y no solo la ha calificado como “arbitraria” sino que ha señalado que existe la alevosa pretensión de responsabilizar a los gobernadores regionales de las consecuencias que viene dejando la pandemia.
“Invocamos a la ciudadanía a mantener la calma, y al Poder judicial que corrija su proceder y actúe con imparcialidad, respetando el debido proceso y, sobretodo, el derecho a la presunción de inocencia y la libertad de los investigados” concluye el pronunciamiento que es la primera reacción que se ha deslizado desde el campamento de Vichay luego de la detención del Gobernador.
Mientras tanto, la Gerenta Regional Gina Gálvez ha quedado al frente de la administración regional hasta en tanto la justicia dilucide la situación jurídica de la máxima autoridad regional, lo cual se concretará al cabo del plazo establecido de la detención preliminar, es decir, luego de los siete días que se cumplirán el próximo punes 07.