CHEQUEO
La Defensoría del Pueblo ha tomado parte en una problemática que ha surgido en el vecino distrito de Santa, en donde los pobladores de dos centros poblados se han levantado y realizaban constantes protestas en el Municipio que dirige Eugenio Jara. Hay que convenir que esta clase de protestas suelen ser habituales en la medida que problemas surgen en todas partes, empero, lo que le llamó la atención de la oficina defensorial de Chimbote es la naturaleza de la protesta, Pues se trata de pobladores de los sectores conocidos como Casa Colorada y Barrio Guapo que han reaccionado al advertir las serias deficiencias de una obra que ha ejecutado la Municipalidad y que ya comienza a presentar fallas de construcción. Nos referimos a la obra de alcantarillado que ha sido inaugurada el mes de marzo, es decir que a solo 6 meses ya presenta deficiencias, lo que pone de manifiesto una presunta concertación con la empresa ejecutora que les entregó “gato por liebre”. Los pobladores marcharon en Santa y la Defensoría se quiere adelantar a un conflicto mayor, el mismo que se avizoraba por la negativa del alcalde de atender a los pobladores, de resolver los problemas que había generado su propio municipio. Por ello es que asumió el rol mediador y emplazó al alcalde de Santa a reunirse con sus funcionarios y atender a los pobladores, si es que es una obra reciente debe tener garantía y, por tanto, si existen deficiencias a solo 6 meses de inaugurada es la empresa la que debe resolverla sin costo alguno. Ya la Municipalidad aplicó los recursos públicos, debió haber supervisado la ejecución de los trabajos, pero tal parece que no lo hizo y he allí las consecuencias. No es posible que apenas 6 meses después de terminada la obra, después de haber comido el suculento cabrito y haber bailado hasta el cansancio en la inauguración, no pueden decepcionar al pueblo de esta manera. Si es que los funcionarios no quieren atender a la población deberán acudir a la Fiscalía.
NOTIFICADOS
La ultima quema de pastizales en Nuevo Chimbote ha generado la respuesta de la comuna distrital y ella se ha traducido en la notificación que se ha efectuado a todos y cada uno de los extractores de junco, carrizo y totora de los humedales de Villa María y Las Brisas. La Sub gerencia de salud ambiental ha comunicado a estos trabajadores que la multa por quemar estos pastizales supera los 64 mil soles, lo que quiere decir que la comuna distrital ha llegado a la conclusión que son estos trabajadores los que provocan los incendios forestales que derivan en una descomunal contaminación con estelas de humos en los sectores del distrito. Hay quienes pensaban que estas humaredas se generaban en el fuego que provocaban gente inescrupulosa o los adictos que llegan a consumir a esas alejadas zonas y dejan los puchos que terminan encendiendo la maleza, pero todo indica que no es tanto así. Se afirma que estos extractores de junco y totorales queman los pastizales para procurar que las plantas que extraen vuelvan a crecer, en otras palabras sino hacen esto no tendrán materia prima. Una grave problemática que se tiene que atender porque en la última quema de pastizales la gente de Las brisas tenía que abandonar sus viviendas y huir porque se asfixiaban. Los cambios de la dirección en el viento hicieron estragos, hasta la Urbanización Buenos Aires llegaron los restos de cenizas. Esperemos que esta medida sino extermina el problema por lo menos que lo atenúe.
MARCHAS
El subprefecto de la provincia ha advertido que en estos tiempos de emergencia sanitaria no existe autorización para ninguna clase de marchas y movilizaciones, ellas están prohibidas por una cuestión legal, la norma que establece la emergencia nacional determina la suspensión de derechos constitucionales de tránsito y reunión, son restricciones a la carta magna que obliga a las autoridades a impedir las actividades que generan aglomeraciones, consecuentemente las marchas no pueden realizarse. Sin embargo, esta es una regla que tiene sus excepciones sino cómo se entiende que se hayan permitido las marchas que llevaron a la renuncia de Manuel Merino de la presidencia de la república, una justa manifestación que colisiona con la pandemia. Así que eso que todas las marchas están prohibidas es solo un cliché, hasta los reclamos laborales no pueden impedirse.