Un alto funcionario, inspectores y agentes de la Policía Municipal pasaron un mal momento la semana pasada cuando un numeroso grupo de comerciantes informales no solo avasallaron su autoridad, sino que los agredieron de manera cobarde, les lanzaron todos clase de objetos y huevos para impedir que cumplan con sus funciones.
Este atentado se registró, como no podría ser de otra manera, en el barrio El Progreso, lugar que se ha convertido en el centro de operaciones de comerciantes informales que suelen invadir las calles sin respetar no solo las condiciones especiales de la pandemia que obligan a evitar aglomeraciones, sino las disposiciones ediles que prohíben el comercio ambulatorio.
Por ello es que hasta el lugar llegó el subgerente de Comercialización y Licencias de la Municipalidad Provincial del Santa (MPS), Rafael Vásquez Felipe, junto a un inspector y 10 agentes de la Policía Municipal, para realizar un operativo de control en las inmediaciones del complejo deportivo de la zona.
Allí, al promediar las 9: 30 de la mañana un grupo de 40 ambulantes comenzaron a insultarlos y agredirlos a empujones, incluso les arrojaron líquidos, impidiendo culminar su acción de fiscalización, pues esa es su labor.
Lo cierto es que en El Progreso se ha generado una real invasión de las calles luego que el mercado fuera retirado para dar paso a la próxima construcción del hospital de nivel II, sin embargo, la municipalidad no puede permitir el comercio ambulatorio, inclusive, como lo refiere el funcionario edil son los propios vecinos de este lugar aledaño al complejo Deportivo los que demandan su intervención porque se ven seriamente perjudicados por la concentración de puestos informales.
El accionar de los representantes ediles responde a las funciones y atribuciones que establecen las normas vigentes, así como a la necesidad de poner orden y limpieza para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía, no puede renunciar a este accionar, de allí que los ciudadanos tienen la obligación de respetar sus acciones y decisiones.
Por ello no deja de sorprender la forma beligerante y matonesca con la que los comerciantes informales acometieron contra el funcionario y los servidores ediles, asumiendo una posición de rebeldía inaceptable pues nadie puede estar por encima de la ley y de la autoridad, inclusive, si alguien no está de acuerdo con el accionar de una autoridad o si considera que es víctima de un abuso o exceso de aquella, lo que debe hacer es acudir a las instancias competentes.
La autoridad tiene atribuciones legales para poner orden, para resolver los conflictos y para procurar que todos realicen sus actividades dentro del marco de la ley, para que la gente entienda que sus derechos terminan allí en donde comienzan los derechos de los demás, de tal suerte que aquel que quiere sobrepasarse debe ser denunciado e intervenido.
En este orden de ideas, el comercio ambulatorio ha sido tradicionalmente materia de persecución por parte de las autoridades, quienes intervienen en atención a un mandato de la ley, no lo hacen por capricho, estamos convencidos que los funcionarios como los servidores ediles son tan conscientes como los ambulantes que ellos apelan a esta actividad por una necesidad, porque se trata de su medio de vida.
Sin embargo, esa informalidad no está permitida, la venta informal debe ser regulada y la autoridad municipal, está para ordenar las calles, para llevar a los comerciantes a los mercados o lugares aparentes en donde puedan desarrollar sus actividades.
Con mayor razón en estos momentos que la ciudad, la provincia y el mundo entero enfrenta una pandemia por el coronavirus que medra por las calles, que contagia y ha matado a millones, entonces lo que se debe impedir son los focos infecciosos y uno de los cuales es el comercio informal, la congestión, la muchedumbre.
De allí que es menester preservar el principio de autoridad, son ellas las que deben hacerse respetar y si sale al frente un grupo de matones vestidos de comerciantes informales, entonces hay que castigarlos, deben ser detenidos, llevados a una comisaria y denunciados, se tiene que defender los fueros de la autoridad sino estamos acabados.