Era previsible:
Estuvieron 3 años tras las rejas y el juez John Pillaca Valdez dispuso que sigan internados en el penal por un año más, sin embargo, las apelaciones que los investigados por el caso de Los Pistoleros de Casma presentaron contra esa decisión judicial fue resuelta conforme a sus pretensiones de quedar en libertad.
“Les dieron libertad, revocaron la prolongación de la prisión preventiva y les dieron comparecencia restringida” fueron las expresiones cargadas de júbilo de familiares de los 16 investigados que están recluidos en diferentes penales tras conocer la decisión de la Segunda Sala Penal de Apelaciones.
Es ante esta instancia que los imputados habían cifrado su esperanza de revocar la resolución del juez Pillaca Valdez que había declarado fundado el pedido fiscal de prolongación de prisión preventiva por 12 meses más para poder continuar desarrollando diligencias que le faltaba actuar.
La prolongación de la prisión preventiva fue dictada el 4 de octubre pasado, días antes que se cumpliera el plazo original del 36 meses. El fiscal provincial de la causa alegó circunstancias de obstaculización para la continuación de la realización de diligencias de ahí que solicitó la prolongación de la medida de privación de libertad.
Para la Segunda Sala Penal de Apelaciones dichas consideraciones no son atribuibles a los investigados quienes incluso solicitaron declaraciones testimoniales o su propia declaración y por el contrario es el representante del Ministerio Público que no ha tenido una conducta diligente.
También señalaron en su resolución que para prolongar la prisión preventiva deben concurrir copulativamente los presupuestos materiales de especial dificultad y peligro de fuga o de obstaculización, no presentándose el primer presupuesto y respecto del segundo, dijeron que está en la potestad del juzgado fijar las restricciones de ley para garantizar la sujeción de los investigados al proceso investigatorio.
Los magistrados superiores indicaron en su resolución que previa a la excarcelación 15 de los imputados deberán pagar una caución de 5 mil soles y en tanto que Edson Yonel Minaya Córdova deberá pagar por el mismo concepto la suma de 20 mil soles. También deberán presentar una declaración jurada consignado su dirección domiciliaria, acreditar una cuenta de correo, su número de celular etc.