No pudo dejar de llamar la atención el criterio utilizado por el Juez del Quinto Jugado Penal anticorrupción de Huaraz, Derby Quezada Blanco, para determinar el mandato de detención preliminar contra el Gobernador Regional de Ancash, Juan Carlos Morillo, siete funcionarios y una empresaria, en el marco de las investigaciones que se realizan por las compras y ejecución de obras para sostener la pandemia del Covid 19.
Ello porque el magistrado sustentó su resolución en los principios de proporcionalidad y razonabilidad, entendidos ellos en su extenso escrito, como la necesidad de garantizar la presencia de una persona sujeta a investigación con criterios mínimos y suficientes respecto a la responsabilidad que le atañe de acuerdo a las pruebas actuadas hasta ese momento.
En otras palabras, la detención preliminar solo funcionaba para que el Ministerio Público culmine sus pesquisas y se garantice la presencia de los investigados, lo que no se condice con el marco de la investigación que se realiza al gobernador.
En efecto, ha sido de dominio público que el Gobernador ha prestado su manifestación, ha aparecido en innumerables oportunidades mostrándose dispuesto a las investigaciones, ha acudido a la Contraloría General de la república y al mismo Ministerio Público para dar cuenta de los documentos y preguntas a las que hubiera lugar, por lo menos es lo que ha trascendido en los medios de comunicación.
Entonces, un abogado defensor se podría preguntar ¿qué es lo que se quiere garantizar cuando no ha existido una elusión o evasión por parte de la autoridad regional y de los propios funcionarios públicos?, cuando el gobernador ha tomado parte en reuniones con el Presidente de la República, cuando todas las semanas aparecía suscribiendo convenios con alcaldes de las diferentes provincias de la región y cuando lo menos que se podría sospechar es que tuviera la intención de fugarse.
Sin embargo, este ha sido casi el mismo criterio de los magistrados de la Primera Sala Penal de Huaraz que, el último fin de semana, en una maratónica audiencia, revisaron los recursos de apelación de los investigados y coincidieron en señalar que aun cuando no existía una motivación mínima de los cargos formulados, advertían una razón suficiente como para dictarse una detención preliminar que es solo un mecanismo menor y limitado, que difiere diametralmente de la prisión preventiva.
Empero, es evidente que el día de hoy lunes, si es que ya no se presentó ayer, la fiscalía anticorrupción plantea el pedido de prisión preventiva, entonces será allí en donde se tendrá que hacer algo más para poder sustentar un requerimiento que representará una drástica sanción para los investigados, a la luz de todo lo que se ha dicho y lo poco que puede conocer la prensa fuera de una carpeta fiscal.
En este sentido, los magistrados de la instancia superior han dejado sentado un criterio que será “una piedra en el zapato” para el representante del Ministerio Público en su afán de sustentar el eventual pedido de prisión, cuál es la inexistencia del peligro de fuga que es un criterio que la fiscalía no ha dejado de reiterar y que los llevó a crear ese clima de incertidumbre judicial, como es el hecho de haber acudido hasta el domicilio del Gobernador para verificar si se encontraba o no en aquel.
Acompaña a esa diligencia la constatación que hiciera en la sede regional, en la cual le indicaron que la máxima autoridad regional no acudía a despachar en su oficina de Huaraz, lo que le permitió establecer un escenario de evasión o huida anticipada de la autoridad.
Todo ello a despecho que los ancashinos y el propio Fiscal saben que el gobernador regional es un paciente Covid, ha salido de un cuadro sumamente riesgoso que lo colocó al borde de la muerte y, siendo convaleciente de un mal respiratorio, los médicos recomiendan que evite las ciudades de altura por la escasa oxigenación, razón suficiente para saber que lo debería ubicar en Chimbote, en la sede de la sub región pacifico en donde se mantuvo coordinando hasta con alcaldes de la zona sierra que llegaron convocados por la autoridad regional.
En tal sentido, siempre consideramos que la detención preliminar ha sido innecesaria y desmotivada, solo ha conllevado a adelantar ciertos criterios que le restarán expectativa y suspenso a un pedido de prisión preventiva que el Fiscal, para entonces, ya no ocultaba.
Hoy lunes concluye esta detención preliminar del Gobernador, nadie sabe cuan útil ha podido resultar y cuantas pruebas ha obtenido el Fiscal en los allanamientos solicitados, de allí que entramos a una manga de dudas e incertidumbres que para ser despejadas ya no se demandará un criterio minino e insuficiente sino cargos incriminatorios sólidos y contundentes.