¿El fin del sector privado en el agro?
Por: Víctor Andrés Ponce (*)
La derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, Ley N° 27360, por la presión de unas minorías radicalizadas que bloquearon carreteras y atacaron la propiedad pública y privada en Ica, desata una pregunta: ¿ha llegado el fin del sector privado en el agro? Una interrogante que puede parecer alarmista porque –de aprobarse una ley anti inversión–, en unos meses, todavía se percibirán los efectos benéficos de una ley que promovió la inversión privada durante dos décadas en el país. Sin embargo, luego de cierto tiempo –tal como sucedió con la reforma agraria velasquista– la pobreza se extenderá en el agro y los excluidos ya no lucharán por formalidad y derechos, sino por conseguir algo para llevarse a la boca.
Por la guerra de destrucción institucional que desarrollaba el ex presidente Vizcarra y por la incertidumbre política, en el 2019 las empresas en el Perú repartieron utilidades por alrededor de US$ 22,000 dólares. Sin embargo, en el sector agroexportador casi todo se reinvirtió: solo así se explica que, no obstante la pandemia mundial y la emergencia, en el 2020 el sector continuará creciendo. No obstante, un sector en crecimiento, con una informalidad que no se reduce por exclusiva responsabilidad del Estado, se convirtió en un caldero social, tal como lo hemos visto esta semana. El motivo: las distancias entre los ingresos de los trabajadores formales e informales.
Una vez más, al igual que sucede en la minería, el Estado fracasó en hacer respetar el Estado de derecho y la ley. Sin embargo, las minorías radicalizadas, las corrientes comunistas y colectivistas, enfilaron contra los empresarios formales y la Ley de Promoción Agraria, en medio de la disolución de la autoridad del Estado luego del despropósito de la reforma policial que descabezó a la alta oficialidad de la policía.
En el Congreso se ha formado una comisión que integrará a miembros del propio Legislativo y del Ejecutivo para formular la propuesta de una nueva ley en el lapso de 15 días. Todo indica que las mayores modificaciones estarán en el lado del régimen laboral, y tampoco se descarta el tema tributario. En la medida que la agroexportación está poblada de más de un 80% de pequeñas empresas, no sería extraño que se apruebe una ley para grandes empresas y otra para las pymes. De esta manera la legislación agroexportadora –como sucede en casi todos los sectores económicos del país– se podría convertir en una fábrica de informalidad no solo laboral –por responsabilidad del Estado–, sino también empresarial.
En otras palabras, la nueva reforma agraria –promovida por el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo– podría estar a punto de comenzar en el país sin que las corrientes comunistas y colectivistas hayan ganado una sola elección. A punta de minorías radicalizadas, del conocido lenguaje de la calle, el proceso institucional, político y económico de las últimas tres décadas comienza a ser derrumbado.
Si no se mantiene el impuesto a la renta del 15%, la devolución del IGV y la depreciación del 20% en utilidades en inversiones hidráulicas, ¿qué empresario se atreverá a arriesgar su capital en inversiones que demandan dos o hasta tres décadas en madurar? Es evidente que no habrá nuevas inversiones, la frontera agrícola no se extenderá y el desempleo crecerá, mientras las inversiones nacionales se orientarán hacia Colombia, Uruguay, Paraguay y otros países, que, paradójicamente, han comenzado a copiar el régimen agrario derogado por el Congreso.
La declaración de derechos laborales en la ley generará la ilusión de que se consiguen mejoras sociales para los trabajadores, y el aumento de los costos tributarios igualmente causará la impresión de que el Estado recaudará más. Sin embargo, este tipo de propuestas son las conocidas recetas que han creado la pobreza en América Latina y han desatado la tragedia venezolana.
En este contexto, por el momento las grandes inversiones podrían continuar, pero las exportaciones comenzarán a descender lentamente, porque no habrá nuevas inversiones; las pequeñas inversiones no se formalizarán –al contrario, quebrarán– y poco a poco el empleo desaparecerá. En otras palabras comenzará la agonía lenta del sector privado agroexportador y, entonces, el escenario estará listo para el regreso de la empresa estatal agraria.
Si el Perú, la sociedad, el Ejecutivo y el Legislativo no reaccionan, las minorías colectivistas y radicalizadas comenzarán a imponer su reforma agraria.
(*) Director de El Montonero (www.elmontonero.pe)