Por: CPC SERGIO AGURTO FERNANDEZ
La huelga es la respuesta natural, pero extrema, frente a los abusos del poder, perpetrado por quienes tienen el poder de decisión sobre diversos aspectos de la vida nacional, en temas como por ejemplo, los reclamos por la desatención de los derechos laborales, o por las exigencias para hacer cambios específicos en el Gobierno, o por el olvido de los reclamos sociales de la población, etc.
Obviamente, el Perú está lejos de ser un paraíso laboral, como para ilusionar a los ciudadanos extranjeros que tienen problemas en su país; seguimos perteneciendo a la órbita de los países del tercer mundo, aunque nos duela aceptarlo. Los puestos de trabajo escasean en casa, como para querer compartirlo con personas fuereñas, aunque se evidencia la preferencia que se tiene por ellos, “empujando” a los peruanos a una lamentable desocupación e indigencia. Por lo pronto todos nuestros problemas están ahí en el congelador, como esperando su turno para activarse, sin que exista la voluntad política para ser atendidas; por este motivo hay un hartazgo que desespera y que desborda los límites de la tolerancia; en tal situación, es entonces cuando el pueblo se pronuncia a través de las huelgas, no le queda otra. Aunque se diga que son pacíficas, es inevitable la presencia de elementos extraños que caldean los ánimos, haciendo de ellas un verdadero infierno terrenal.
Es por estas circunstancias que se puede decir que la política laboral es un “sancochado” de leyes, normas y reglamentos; por su frondosidad legislativa que lo caracteriza, pareciera que estuvieran redactadas para ser interpretadas sólo por una élite de afortunados intelectuales, y no por el común de los trabajadores. La esencia de toda norma legal, debe ser la solución de los problemas presentes y su prevención para los casos futuros que pudieran darse. Cada nuevo gobierno le sigue poniendo más ingredientes (normas legales) a este “aderezo” legal, complicando aún más su entendimiento por quienes tienen el derecho de asimilarlo con facilidad. Pero el problema de fondo sigue latente: políticas claras respecto al vínculo laboral empresa-trabajador, sin la intermediación de terceros, salvo la vigilancia del Estado para salvaguardar los derechos de los trabajadores.
Para solucionar este problema, habría que empezar por darle al vínculo laboral, un rostro más humano, en una misma línea de acción a los trabajadores manuales e intelectuales, que son los que con su trabajo hacen posible la creación de la riqueza que se ve reflejada en el incremento del PBI. Y esto pasa por unificar en una sola norma legal, a todos cuantos regímenes laborales existan, en razón de que los derechos laborales son universales, y sin ninguna distinción benefician a todos por igual, siempre que exista una relación de dependencia entre el trabajador y la empresa, debiéndose eliminar la tercerización de la mano de obra, para acabar con la explotación. Desde esta perspectiva, se debe uniformar el concepto del vínculo laboral, eliminando la terminología de estables (nombrados) y contratados (SNP y CAS del Gobierno). Pero pese a ello siempre habrán los conflictos sociales, pero en menor escala. Otro elemento importante para asegurar la paz laboral, sería que los aumentos salariales estén “atados” al índice de inflación del año anterior, para que sean automáticos; con esta medida la empresa no tiene por qué verse perjudicada, porque dicho índice lo trasladará a la estructura de costo del producto, que todos los años suben de precio.
Creemos que la política remunerativa debe ser plana, igual, sobre la base del sueldo mínimo legal, pero con la novedad de la implementación de un bono diferenciado, negociable por actividad, de carácter pensionable, de ser necesario pagado fuera de la planilla, siguiendo el mal ejemplo del Estado que así lo hace, para no hacer los aportes sociales, poniendo a salvo la pretensión de tener una población jubilada económicamente auto sostenible.
Por eso, mientras se tenga conceptos anacrónicos en materia laboral, difícilmente se podrá aspirar a tener un clima de paz laboral, sin las clásicas marchas callejeras, que ya se han convertido parte del paisaje de la ciudad. Es un tema que está en las manos del Gobierno hacerlo realidad, y el Gobierno no es sólo el Poder Ejecutivo, sino también todos los poderes del Estado, trabajando articuladamente para darle a la población peruana mejores niveles de vida.
En el horizonte han ido apareciendo ingeniosas formas de contratación, todas de muy mala fe, porque tienden a librar a las empresas de sus obligaciones patronales, siendo la máxima expresión de este negativismo, la creación de las tan vapuleadas “servís” que resultaron siendo nada menos que unas sanguijuelas que se nutren de la explotación de los trabajadores. No hay argumentos que validen su presencia en el mercado laboral, por innecesarias; sin embargo están ahí, sin que nadie haga algo para desaparecerlas. Pero lo sospechoso está en que estas servís tienen como propietarios a los altos funcionarios de las empresas y del gobierno, creadas ex profesamente, para apoderarse del patrimonio de la empresa, cuya administración se les confió, o a una suerte de actos de corrupción, para apropiarse de los recursos públicos.
Con esta modalidad de tercerización, no se puede decir que se pretende bajar los costos laborales, cosa que no es cierto, porque cualquiera que sea el concepto que se quiera dar al gasto (remuneración o servicio), ésta forma parte de la estructura del costo del producto que la empresa ofrece al mercado.
Estos intermediarios (servís) son uno de los causantes de las revueltas callejeras, que se están dando en las últimas semanas del mes de noviembre 2020, desembocando en la toma de carreteras en el norte (Chao y Virú), en el centro (La Oroya) y en el sur (Ica) del país, en simultáneo, dando la impresión de que estuvieran sospechosamente concertadas, con las que abusivamente paralizan la economía del país; peor aún, teniendo prácticamente secuestradas, en la soledad del desierto, a miles de indefensos viajeros, que tuvieron la desgracia de movilizarse en los días de convulsión social.
En el Perú es un clásico la toma de carreteras, cuando se trata de conseguir la solución de los problemas desatendidas por la autoridad; es una herramienta de lucha que siempre ha dado resultados en otras latitudes (Ecuador, Bolivia, Chile), haciendo “tambalear” a los gobiernos de turno, hasta conseguir lo que se proponían. En nuestro país también se dio con la “juventud del bicentenario” en el pasado mes de octubre, logrando la caída de dos presidentes de la república. Este hecho hizo historia y marcó un antes y un después, en la vida nacional, y de este mal ejemplo no se sacó ninguna lección, al punto de que en el mes anterior (noviembre 2020), se volvió hacer lo mismo, replicándose en el gremio laboral del sector agro exportador, que movilizó a todo el aparato estatal en la búsqueda de una solución salomónica.
Ninguna conquista laboral es fruto de la casualidad, mucho menos de la generosidad de los gobiernos, sino que es el fruto de permanentes luchas que se libran en todos los escenarios, muchas veces escritas con la sangre de los héroes anónimos, que ofrendaron sus vidas, por el ideal de alcanzar un destino mejor para quienes habitan en el territorio patrio. Allá desde el cielo infinito, lugar donde se encuentran, seguramente verán complacidos que sus inmolaciones valieron la pena; para todos ellos va nuestra gratitud y reverencia.
Creemos que las tareas de gobierno no se manejan atendiendo el pedido de quien presiona más, y esto se da cuando los funcionarios de todos los niveles no cumplen con sus tareas; están súper burocratizados, que todo creen resolverlo desde sus cómodas oficinas; la falta de intuición no les permite anticiparse a los hechos, y esto se logra si fueran más proactivos, no todavía esperando que alguien le toque la puerta para recién actuar, sino haciendo trabajos de campo para auscultar las necesidades del pueblo. Es hora de ponerle punto final a estas malsanas conductas colectivas, impidiendo que los agitadores de oficio sigan medrando de las necesidades ciudadanas.