La semana pasada un juzgado de la Corte superior del Santa ha dictado nueve meses de prisión contra un inspector de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), quien fue sorprendido por efectivos de la Policía en flagrante delito de cohecho pasivo, es decir, por exigir coimas a un transportista.
Este fue el colofón de una penosa intervención realizada hace poco más de una semana en la panamericana norte, cerca al túnel de Coishco, luego que un chofer llegara a la Comisaria de San Pedro para denunciar que un inspector de La SUTRAN le había solicitado 200 nuevos soles para dejar sin efecto una infracción de tránsito.
El denunciante dijo a los efectivos que al transitar por el túnel de Coishco fue detenido por agentes de la SUTRAN que le solicitaron la documentación tanto del vehículo como del conductor, por lo que al no tener alguna falta esperaba que la intervención concluyera lo más pronto para seguir su trayecto.
Sin embargo, sorpresivamente el inspector de SUTRAN, Walter Paolo Castillo Rojas, le indicó que tenía el extintor vencido razón por la cual se había hecho acreedor a una multa, sin embargo, le propuso que a cambio de 200 soles podría solucionar el inconveniente y podría seguir su camino sin problemas.
Lo que no había tomado en cuenta el inspector era que estaba ante un chofer ducho en esta clase de proposiciones deshonestas o arreglos bajo la mesa, pues le dijo que solo tenía 100 soles y al admitirse la rebaja se dio tiempo para fotografiar el billete y entregárselo a su deshonesto interlocutor.
Lo cierto es que apenas se consumó el acto, el chofer se dirigió a la comisaría de San Pedro en donde reveló el acto de corrupción del que había sido objeto y retornó con los custodios al lugar de los hechos a efectos que se constate el accionar doloso del inspector.
Lo demás ya es de dominio público, la Policía verificó que, efectivamente, el inspector tenía el billete de 100 soles que le había entregado el chofer y se lo llevó detenido hasta que lo pusieron a disposición de las autoridades judiciales que terminaron por enviarlo al penal por nueve meses mientras el fiscal prepara la acusación en su contra.
Se trata de un típico acto de corrupción, similar a los que la Policía Nacional protagonizó el año pasado cuando más de media docena de sus agentes fueron encarcelados por exigir dinero a los transportistas a cambio de dejar sin efecto una intervención.
Lo más grave de todo esto es que el inspector no tiene las mismas atribuciones que un Policía de tránsito, empero, en esta oportunidad se hizo valer de su posición, de sus credenciales para sorprender a los choferes con propuestas deshonestas que lo único que le procuran es llenarse los bolsillos con dinero negro.
No sabemos qué es lo que puede alegar el inspector a su favor, lo cierto es que no era la primera vez que efectivos de la comisaría de San Pedro intervienen a un funcionario de la misma dependencia, por el contrario, fue materia de información la intervención y traslado de un inspector de la SUTRAN por presunto delito de abuso de autoridad, luego que un chofer lo acusara de intervenirlo por hechos que no tienen nada que ver con su función.
Sin embargo, hasta donde sabemos la SUTRAN ha venido desarrollando un papel protagónico en el orden que requiere el transporte pesado e interprovincial, como en el caso de los colectiveros informales que cubren las rutas a Trujillo y viceversa, a los cuales cumplió con despojarlos de sus placas de rodaje al reincidir en el tema.
De allí que nos llama poderosamente la atención que empleados de esta dependencia se tomen atribuciones que no tienen y pretendan utilizar delincuencialmente los atributos y la posición de privilegio para ordenar el tránsito peatonal y vehicular, es terrible comprobar que han desviado notoriamente el rol que les compete.
De allí que la medida restrictiva de prisión preventiva dictada por el juez se ajusta a derecho, por lo que el pésimo inspector no solo tendrá mucho tiempo para reflexionar los errores que ha cometido sino que la propia institución debe poner mayor celo y cuidado en la contratación y nombramiento de su personal, no puede existir en las filas de un organismo de controla alguien que sea proclive al embuste.
Lo que no podemos dejar de reconocer es que la detención de un inspector, por muy corta que sea, descalifica el buen trabajo que hacen los demás, empero, es el costo que tiene que asumir por la irresponsabilidad de unos cuantos.