Por: CPC SERGIO AGURTO FERNANDEZ
La corrupción en el Perú no es nada nuevo ni se inició con el caso ODEBRECHT en particular, sino que es un mal demasiado antiguo, se diría que viene desde cuando se utilizó la moneda como medio de cambio en las transacciones comerciales.
En todos los estamentos de la administración pública y en todos sus niveles, es práctica común que un funcionario público reciba el llamado “diezmo”, como una forma de soborno para direccionar el otorgamiento de la buena pro, ya sea en el suministro de bienes y servicios o en la licitación de alguna obra pública. Esto es como consecuencia de la ejecución del gasto público que se da en cada Unidad Ejecutora, desde el nivel local situado en un lejano punto geográfico del país, hasta en un majestuoso ministerio de la capital.
Pareciera que los proveedores estuvieran tan disciplinados y sin que el funcionario encargado de la logística lo exija, le dejan puntualmente el obligado “diezmo”, equivalente al 10% de lo facturado; ya alguien con su sapiencia política lo dijo que “la plata llegaba sola” y vaya que tenía razón. Con tan generoso aporte es obvio que el trámite para la cancelación de la factura no encuentre ningún obstáculo en el camino. ¿Quienes participan del apetitoso botín? Habitualmente son los que intervienen en todo el proceso secuencial que va desde la persona que cotiza los precios en el mercado, hasta los funcionarios que integran el Comité de Adjudicaciones, o a veces, según la cuantía o la naturaleza de la adjudicación, lo disfruta solo aquel funcionario logístico, imponiendo su autoridad frente a sus subordinados. Esto es en chiquito, entonces resulta fácil de imaginar cómo se trafican con los recursos públicos en las altas esferas del poder.
Cuando un Alcalde distrital o provincial del interior del país, requiere por ejemplo, ejecutar una obra de agua y desagüe para su pueblo, presenta su proyecto al Ministerio de Vivienda buscando su financiamiento, sin ocultar su interés por manejar el cuantioso presupuesto de la obra; pero esta aspiración se desvanece cuando le hacen saber que la obra lo licitará el Ministerio de Vivienda, con la incógnita de los beneficiarios del bien disputado “diezmo”, porque seres tan serviciales con olor a honestidad en el aparato estatal, nunca se ha visto, por ser proclives a caer en la tentación del dinero fácil y ajeno.
En muchos pueblos del interior se aprecian sendos carteles alusivos a la obra que se está ejecutando, donde aparece algún Ministerio como fuente de financiamiento; la suspicacia invade nuestros sentidos, dado a los nefastos antecedentes, como para no pensar que detrás de esta pomposa banderola también está la mano negra de la corrupción.
¿Y QUE ES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI)?
Todas las instituciones públicas y también los gobiernos locales, tienen a la OCI dentro de su organigrama estructural, como un órgano de fiscalización y de control institucional, encargada de velar por el buen uso de los recursos públicos.
Funcionalmente depende de la Contraloría General de la República, aunque no es la que asume el pago de los haberes del personal. Literalmente, no deben existir barreras que impidan el cumplimiento de sus funciones, aunque en la práctica esto no se da, porque es el titular de la entidad el que presiona y hasta trata de orientar el sentido de las investigaciones y del informe final, “ejerciendo su autoridad”; y seguirá así mientras sea él quien pague los salarios, y por este motivo aún existan auditores timoratos susceptibles de aceptar imposiciones. Esto era hasta hace poco tiempo nomas, todo indica que ahora la Controlaría ha descentralizado su accionar a nivel nacional, sobre la base de las actuales OCI, pero adquiriendo autonomía en ellas.
Sin embargo, hay mucho por hacer en contra de la llamada “corrupción hormiga”, que por su menor cuantía a veces pasa casi desapercibida, y esto se da, por ejemplo, en los pagos menudos de la caja chica, en las órdenes de compra y de servicios fraccionados en dos o más partes para posibilitar su compra directa; pago de viáticos carentes de evidencias, informes y rendiciones de cuenta, etc. Es por eso que se deberían de realizar permanentes trabajos de campo rastreando operaciones sospechosas. En concreto, si la OCI tuviera un trabajo mucho más efectivo, no veríamos a enojados ciudadanos reclamando la presencia de la Contraloría para el esclarecimiento de sospechosos casos de corrupción. Y esto es común en todas las unidades ejecutoras diseminadas a nivel nacional, y es de esperar que la Contraloría los visite.
¿ENTONCES COMO HACERLE FRENTE A LA CORRUPCION?
Nadie vende un producto, si antes no ha sumado al precio de venta, el “diezmo” que el cliente (Estado) tendrá que pagar, y es por eso que, cuando se hace un trabajo de campo comparando los precios en el mercado de todos los productos comprados, se encuentra que están sobrevalorados, con la complacencia del funcionario logístico. Esto nos indica que, quien en realidad paga el “diezmo”, no es el empresario sino es el mismo Estado y que va a saciar el apetito voraz del funcionario corrupto.
¿Entonces qué hacer para que el Estado deje de pagar la “coima” a tan despreciable servidor logístico? De nada vale que se hagan cambios con medidas anticorrupción en la cima del poder, cuando abajo sigue enraizado el delito con la clásica forma de “corrupción hormiga”, que en conjunto llegarían a miles de millones de soles.
Como una forma de corregir este cáncer moral, tentativamente sugerimos lo siguiente:
a) Normar para que haya una rotación trimestral del personal logístico, al jefe y al personal del área de compras en particular, con drásticas sanciones para quienes incurran en actos de corrupción, llegándose a la destitución y al despido del infractor, bajo responsabilidad de los funcionarios encargados del área de recursos humanos y/o de la Comisión de Procesos Administrativos.
b) Crear en la Unidad de Logística, un área de control previo, para que bajo responsabilidad compare los precios de los artículos contenidos en las órdenes de compra y de servicios, antes de enviarse al proveedor, cuyo informe debe insertarse obligatoriamente en el comprobante de pago, y denunciar cualquier forma de presión de su entorno laboral, si la hubiera.
Ahora, la erradicación total del tráfico del diezmo, no es tarea fácil y no se va a lograr así se hagan los pagos a domicilio, porque el arreglo del soborno se concreta al momento de tomar contacto con el proveedor como condición para concretar la compra. La OCI siempre debe estar vigilante del Área de Compras, rastreando selectivamente el trámite de las adquisiciones, porque está comprobado que es una ventana abierta que facilita la comisión del delito.
c) Crear los mecanismos de delación para que cualquier proveedor que fuera víctima de extorsión, denuncie con pruebas o en flagrancia inducida, a los funcionarios deshonestos; sin perjuicio de ningún tipo para el denunciante, garantizándole total confidencialidad.
d) Se debe suscribir un convenio con SERPOST para que en las ciudades importantes y en el interior de una institución policial, se instale un buzón anticorrupción con conexión directa a la Contraloría, para que cualquier ciudadano pueda hacer llegar sus denuncias, debiéndose mantener la más absoluta reserva.
PROPUESTA QUE DEBERIA TENERSE EN CUENTA
Tan igual como se trabaja en la Sunat, con funciones divididas en dos Intendencias, una de Administración Tributaria y otra de Aduanas, en la Contraloría General de la República –CGR- también se debería de hacer lo mismo, formando dos Intendencias:
1) Intendencia de Obras Públicas y
2) Intendencia de Gastos Corrientes, sobre la base de los mismos recursos humanos y logísticos, lo que posibilitaría que en cada ámbito administrativo las funciones se cumplan con rigurosidad, garantizando que el egreso de cada sol no se quede sin auditar.
1.- INTENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
Cada entidad licitante, ahora mismo, mantiene en custodia todo el acervo documentario de cada obra realizada, pero con el riesgo de que algunas piezas importantes sean sustraídas, interesadamente.
Entonces resulta conveniente que su archivo y custodia quede centralizado en un solo organismo público, acopiándose toda la documentación del caso, provenientes de todo el sector público y de los gobiernos locales, que incluya desde el perfil hasta el acta de recepción de la obra, pasando por el expediente técnico, contratos, adendas, el pago de las valorizaciones por avance de obra con sus respectivos comprobantes sustentatorios y toda cuanta documentación inherente al caso existiera. En poder de la entidad sólo debe quedar una copia fedateada. La única función de esta Intendencia debe ser auditar todas las obras públicas contenidas en el Presupuesto de Inversión de cada Pliego Presupuestal.
Como alguien lo sugirió, todos los contratos de obras públicas obligatoriamente deben tener una cláusula anticorrupción, con severas penalidades para los infractores. Y como producto de ello veremos cómo los entusiastas candidatos de “cola larga y de bolsillo hondo”, que habitualmente merodean por los organismos electorales, quedarán auto eliminados al inhalar este potente raticida, dejando en competencia para los cargos electivos, sólo a las personas honestas que realmente buscan servir a su comunidad.
2.- INTENDENCIA DE GASTOS
CORRIENTES
La única función de esta Intendencia debe ser la de auditar la ejecución del gasto contenido en el Presupuesto de Operación del sector público y de los gobiernos locales, con visitas obligatorias y sorpresivas a todas las unidades ejecutoras, con el fin de impedir la prescripción de posibles actos de corrupción y de todo documento que contenga información contable. Cada quien en su ámbito debe cuidar que, al 31 de diciembre de cada año, todo el programa de auditoria se haya cumplido.