Por: CPC SERGIO AGURTO FERNANDEZ
El empleo en el Perú es bastante precario, acentuado por la informalidad con que se conducen los vínculos laborales: empresa-trabajador, tolerado por la ineptitud de la autoridad que no ejerce con rigurosidad su función fiscalizadora.
Y para no dejar huella de la ilegalidad, el trabajador deja de ser tal, para convertirse en un obligado proveedor de su propia mano de obra, o de su intelecto si es un profesional, para que cada semana o cada fin de mes, con el recibo de honorarios en la mano, tramite el pago de sus servicios, sin los descuentos de los aportes previsionales y sin que ello genere algún beneficio laboral.
Lo peor de todo es que tal modalidad de pago, inducido por la misma informalidad con que se actúa, le roba al trabajador valiosos años de vida útil, algo que jamás lo podrá recuperar como para tentar nuevas ofertas laborales. Tan indolente y abusiva forma de contratación, con el mal ejemplo propiciado por el Estado (casos SNP y CAS), es atentatorio y oprobioso contra la dignidad humana, que se debe de erradicar, definitivamente, en la que muchas veces el trabajador obligado por la necesidad, hasta hipoteca su autoestima sufriendo maltratos intolerables, para quedar reducida al nivel de un envoltorio cualquiera, que se deshecha después.
Esta precaria forma de trabajar por periodos cortos y en distintas empresas, sin la seguridad jurídica que lo respalde, le depara al trabajador un futuro azaroso, incierto y preocupante, al no saber cómo afrontará su ancianidad, que ya se le avecina con bastante prisa. Ante el colapso de su vida laboral, seguramente le rondará la idea de tocar las puertas de los programas sociales que brinda el Gobierno, para poder sobrevivir hasta la llegada de la hora final.
Este preámbulo se hace necesario para hacer conciencia e invitar a la reflexión sobre lo imprescindible que es la jubilación, en la vida del trabajador peruano. Sobre este tema mucho se dice y poco se hace. No deben existir sectores laborales desprotegidos, porque esta falta de prevención acarreará a futuro excesivos costos adicionales de los programas sociales, porque finalmente ahí llegarán en busca de refugio.
Cualquier solución que se pretenda dar al problema de la jubilación, jamás debe de comprometer los recursos públicos, en razón de que el erario nacional está para otras cosas, en el entendido que este derecho es auto sostenible porque es financiado con los aportes de los propios trabajadores. ¿Entonces qué hacer?, algo muy simple que siempre lo hemos dicho: 1) se tiene que cerrar ahora mismo, la admisión de nuevos afiliados a la ONP, 2) eliminar la restricción que pesa sobre los fondos previsionales, para que cada trabajador, haciendo uso de su derecho de libre asociación, pueda elegir la mejor opción existente en el mercado, y 3) la mejor opción es crear un “Banco Previsional” “Made in Perú”, con características propias y que resulta ser extraordinariamente más ventajosas para el trabajador, que lo convierte en aportante-accionista del Banco, con doble beneficio: 1) como aportante, por la rentabilidad de las inversiones, y 2) como accionista, por la utilidad que se obtenga anualmente.
Dicho esto, sabemos por ejemplo que miles de trabajadores por situaciones diversas, no alcanzarán el mínimo de años de aportes requeridos para obtener la ansiada jubilación (20 años). Muchos se irán quedando en el camino, por decir con 2, 5 o más años de aportaciones, pero menos de 20, efectuados en la ONP o en una AFP; tiempo después, doblegados por el paso de los años, se alejarán de la vida laboral, muchos con el futuro incierto, por no tener descendencia o sufrir el abandono de los hijos; nos preguntamos entonces, ¿Qué pasará con los aportes previsionales acumulados de aquellos trabajadores que no alcanzaron la jubilación, se los devolverán?, hasta ahora (09 -2020) no es así y es una pregunta sin respuesta. Son cientos de millones de soles los que se diluyen por la enmarañada normatividad del sistema, que pocos la entienden, pero por imposición legal, aceptan ser parte de ella.
Se debe normar para que a los ex trabajadores con pocos años de aportación y que perdieron la esperanza de jubilarse, sus fondos acumulados les sean devueltos de inmediato, luego que ellos ya hayan cumplido los 65 años de edad, sin más exigencia que una simple solicitud y dentro de los 10 días de presentada.
Tampoco sería razonable que, con pocos años de aportación, logren acceder a la jubilación, eso significaría el colapso del sistema (ONP); cosa distinta seria si la afiliación fuera en el “Banco Previsional”, por el doble beneficio que obtendrían.