Ha pasado un mes desde que el decano del Colegio de Arquitectos de Chimbote, Edgar Tapia Palacios, formalizó una denuncia penal contra la Municipalidad Provincial del Santa y la Corte Superior de Justicia del Santa, por haber autorizado e invadido, respectivamente, 200 metros cuadrados del espacio público denominado Pasaje de la Cultura.
Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, ninguna de las dos instituciones se ha molestado en dirigirse a la ciudadanía para, por lo menos, ensayar una explicación. Por más de una razón, esta demostración ambivalente de indiferencia y menosprecio, equivale a una falta de respeto que Chimbote no merece, ni tampoco puede dar por aceptada.
Por lo demás, la cura de silencio por la que han optado ambos organismos, no los exime de la obligación de salvaguardar su imagen institucional, no solamente por aquello de que el que calla otorga, sino también porque, quien no la debe no la teme.
Al amparo de este controvertido escenario, la Municipalidad Provincial ha reaccionado, según parece, de la manera más inapropiada. Hace unos días, la Oficina de Asesoría Jurídica ha emitido una resolución mediante la cual “destituye” como gerente de esa corporación edil, al Arq. Edgar Tapia Palacios, quien, como todos sabemos, renunció a ese cargo hace dos años.
Todo indica que los actuales funcionarios de la gestión edil están convencidos de que, desprestigiando la gestión del arquitecto Tapia, van a lavarle la cara al municipio. Y para que no quede duda de este punto de vista, creen asimismo que la mejor defensa es el ataque y han puesto en práctica la conocida revancha de golpe con golpe se paga. Para colmo, han salido a la prensa a declarar que la histórica “destitución” de Tapia, no tiene absolutamente nada que ver con su denuncia. ¿Tan ingenuos nos creen?.
Los 200 metros cuadrados del pasaje de La Cultura, materia de la denuncia formalizada por el arquitecto Tapia, forman parte del Centro Comercial y Financiero de Chimbote, que es una propiedad privada, conforme aparece inscrita en la Superintendencia de Registros Públicos. En consecuencia, nadie puede disponer de ella, ni total ni parcialmente, sin el consentimiento previo y debidamente formalizado de sus legítimos propietarios.
¿Cómo se explica, entonces, que la Municipalidad haya autorizado a la Corte Superior de Justicia la toma de posesión de una propiedad ajena?. Aparentemente sin preocuparse en lo mínimo por este detalle, la Corte de Justicia no ha tenido ningún problema en apresurarse a “anexar” este espacio público como si fuera parte de su propiedad.
De quedar oleada y sacramentada la cuestionada ocupación del Pasaje de la Cultura, se estaría dando por aceptado un mal precedente: cualquiera puede hacer en Chimbote lo que le da la gana. Con mayor razón si ese mal precedente viene de parte de la Municipalidad Provincial del Santa y de la Corte Superior de Justicia del Santa, organismos que, por mandato constitucional, están en la primera línea de la defensa del orden y el estado de derecho.
Por actitudes como ésta, dominadas por la indiferencia y la complicidad, Chimbote ha sufrido en reiteradas oportunidades la pérdida de respeto y el despojo de su patrimonio como, por ejemplo, la intangibilidad de su bahía y las aguas del río Santa.
Ya es hora que en Chimbote se imponga el imperio de la ley y no la ley del más vivo.