Dr. Edhín Campos Barranzuela
Bastante preocupación viene causando en toda la comunidad judicial y fiscal, el requerimiento solicitado por la Comisión Permanente de Evaluación Integral y Ratificación de la Junta Nacional de Justicia, mediante el cual solicitan para el próximo 30 de junio una serie de documentos para su respectiva evaluación.
En efecto, se trata del cumplimiento del Reglamento de Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación de Jueces, Juezas y Fiscales del Poder Judicial y del Ministerio Público”, aprobado por Resolución 260-2020-JNJ, de fecha 20 de diciembre de 2020, mediante el cual se solicita que los magistrados deben presentar los siguientes documentos para evaluar:
i) la calidad argumentativa de decisiones.
ii) gestión de los procesos y
iii) Los informes de administración y organización del trabajo, correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020.
En tal sentido, los magistrados de las diferentes Cortes Superiores de Justicia del país, así como también las diversas Juntas Provinciales de Fiscales de todo el Perú, vienen solicitando a la Junta Nacional de Justicia la postergación de toda la documentación solicita, dada la especialísima situación de emergencia sanitaria que viene atravesando el país, toda vez que para cumplir con dicho requerimiento se necesita que físicamente el magistrado se traslade a su despacho y ello originaría una alta probabilidad de contagio del Covid-19.
La propia presidenta del Poder Judicial Dra. Elvia Barrios Alvarado ha tenido comunicación con su homóloga de la JNJ Dra. Luz Inés Tello de Ñecco, con la finalidad de solicitar el aplazamiento del requerimiento, a fin de que los magistrados una vez levantado el estado nacional de emergencia sanitaria y que la situación de la pandemia disminuya o en todo caso que se haya producido el proceso de vacunación, se cumpla con dicho requerimiento administrativo.
La opinión mayoritaria de los jueces y fiscales es que no se oponen a la presentación de toda esa documentación, pues están obligados a serlo, toda vez que existe un proceso de evaluación parcial cada tres años y medio, así como un proceso de ratificación cada siete años, sino es la especial coyuntura de pandemia que estamos viviendo y lo que no se quiere es que más magistrados sean contagiados y además puedan perder la vida en el cumplimiento del deber de presentar los informes de administración y organización, así como de gestión de procesos y la calidad argumentativa de las decisiones judiciales.
Conforme al Art. 154 de la Constitución Política del Estado la Junta Nacional de Justicia, reemplazó al otrora Consejo Nacional de la Magistratura, el mismo que se encargaba de selección y nombramiento, destitución y ratificación de los señores jueces y fiscales de todo el país.
Ahora la JNJ, tiene además la atribución de realizar a los magistrados una evaluación parcial de su desempeño, cada tres años y medio, por parte de la Academia de la Magistratura.
Por lo pronto, el Presidente de la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia-Jusdem. Dr. Guillermo Martín Huamán Vargas, ha dirigido un oficio al Presidente de la Comisión Permanente de Evaluación y Ratificación de la Junta Nacional de Justicia Dr. José Avila Herrera, mediante el cual solicita se difiera el cumplimiento de la obligación antes indicada, a una fecha en la que el referido riesgo, pueda ser mínimo o nulo, en vista de que el valor de las vidas que se pondrían en riesgo, superan con creces el cumplimiento de la obligación antes indicada, en las fechas que ha propuesto la Comisión, por lo que bien se podría diferir el periodo para el cumplimiento de dicha obligación, y así, salvaguardar la vida y la salud no sólo de los jueces y sus familias, sino también del personal jurisdiccional y administrativo.
Jusdem, sostiene que el procedimiento operativo para poder dar cumplimiento a dicha obligación, implica no sólo la participación del magistrado, sino también conlleva la necesaria participación de otras personas, por razón del cargo que desempeñan, o la custodia encomendada, como son:
– Jueces de otros órganos jurisdiccionales, donde eventualmente se viene ejecutando la sentencia emitida, o de otra sede judicial diferente a la que pertenece el magistrado en evaluación.
– Especialistas de Causas, quienes deberán dar fe de las sentencias y demás documentos, que serán proporcionadas al Juez para su presentación ante la Junta Nacional de Justicia.
– Asistentes Judiciales, quienes se encargaran de la ubicación de los expedientes correspondientes, y
– Personal de los Archivos, que tienen a su cargo la custodia de los expedientes.
Como se podrá apreciar, no se trata de una falta de voluntad o de un probable desacato a la norma, por parte de los jueces y fiscales de todo el Perú, sino el cuidado de su salud y la defensa de sus vidas, pues a la fecha existen una cantidad muy preocupante de magistrados que se encuentran enfermos y otros que lamentablemente han fallecido, por lo que se espera su postergación, a fin de evitar cualquier tipo de propagación de esta nueva sepa del virus, que viene causando mucha congoja, dolor y sufrimiento a ciento de miles de familias peruanas.
La labor que viene desarrollando la Junta Nacional de Justicia en el país, es muy importante para seguir seleccionado y evaluando a jueces y fiscales titulares para que su trabajo sea competentes, se desarrolle con rostro humano y con profunda vocación de servicio, pero además se requiere que los magistrados gocen de buena salud y que no se encuentren preocupados por sus vidas.