El 08 de abril del año 2013, el entonces presidente regional de Ancash, César Álvarez Aguilar, y los representantes de la empresa Consorcio La Caleta, suscribieron el contrato para la construcción y equipamiento del nuevo Hospital La Caleta con un presupuesto de S/ 171’790,618. El proyecto prácticamente estaba en camino, pues contaba con el SNIP 110673 otorgado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Como ya era costumbre por aquella época, la celebración de este millonario acuerdo tuvo como intermediaria a la recordada OEI (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura), una ONG que también intervino en la suscripción del contrato que celebró la gestión de César Álvarez con la empresa brasileña Odebrecht para la construcción de la carretera Carhuaz-Chacas-San Luis, con las consecuencias que ahora todos conocemos.
Volviendo al tema, a los pocos días de haberse anunciado la construcción del nuevo hospital de los pobres, de pronto, esta vez en el más absoluto silencio, el contrato fue declarado irrealizable. Dos razones de peso determinaron esta suspensión. Primero, la decisión de construir el nuevo hospital “en el mismo lugar” como lo establecía el contrato, fue observada por el Ministerio de Salud. El terreno que hace 74 años ocupa el hospital La Caleta, no cumple con las normas técnicas que exige hoy en día la construcción de un nuevo centro de salud. Incomprensiblemente, la opinión del ministerio de Salud no había sido solicitada hasta ese momento.
La segunda observación es aún más determinante. Las normas de inversión pública establecen que la construcción de un hospital del Estado tiene que estar a cargo del ministerio de Salud y no en un gobierno regional. Éste último solo puede encargarse de elaborar el expediente técnico y proporcionar el terreno debidamente saneado. Por consiguiente, el contrato suscrito entre Álvarez y el consorcio La Caleta, no tenía razón de ser y por eso se vino abajo.
Ahora se sabe que para evitar el ridículo y echarle tierra al asunto, la gestión de César Álvarez aceptó reconocer, a través de un laudo arbitral, el pago de S/ 4’600,251.81 a favor del consorcio La Caleta, por supuestos daños y perjuicios causados por la rescisión del contrato. Esa era la forma cómo se malgastaba el dinero del gobierno regional de Ancash. Han transcurrido ocho largos años y el nuevo hospital de los pobres aún no tiene fecha de iniciación. Sigue siendo un sueño.
La misma desventura y el mismo tiempo perdido, ocurre con los hospitales de Yungay, Carhuaz, Recuay, Pomabamba, Huarmey y Ramos Guardia de Huaraz. Todos ellos, se encuentran en sala de espera.
Para colmo de males, las obras de ampliación y equipamiento médico para la lucha contra el covid 19, que ya deberían estar funcionando en el hospital Regional de Chimbote y Ramos Guardia de Huaraz desde noviembre del año pasado, aún se encuentran paralizadas y bajo investigación fiscal por haber sido objeto de actos de corrupción.
Esta calamitosa situación ha puesto en letras de molde no solamente la falta de capacidad de la infraestructura hospitalaria regional, sino sobre todo la falta de capacidad de gestión y honestidad de quienes están al frente del gobierno regional de Ancash. Descuidar un tema tan primordial como la salud, y en plena crisis sanitaria, es una muestra de insensibilidad y desinterés imperdonables.
¿De qué sirve que Ancash reciba el canon minero más alto a nivel nacional si vamos a seguir siendo una de las regiones peor atendidas del país?
Si los gobernadores de Ancash, tres de ellos en la cárcel, no han sido capaces de corresponder la confianza de quienes los eligimos por voluntad soberana, quiere decir entonces que todos somos culpables.