Hace ya varios meses, en este medio de comunicación anunciamos un hecho que acaba de ser confirmado el jueves de la semana pasada. Nos referimos al inicio de los trámites para oficializar la transferencia de 585 hectáreas de propiedad del proyecto especial Chinecas, localizadas en Casma, a favor de la Superintendencia de Bienes Nacionales. Posteriormente este organismo nacional hará lo propio y transferirá las tierras a la Municipalidad Provincial de Casma. Finalmente será ésta la que proceda a adjudicar los lotes de vivienda a las miles de familias que hace diez años invadieron estas tierras.
El inicio de los trámites tuvo lugar en las oficinas del proyecto Chinecas y contó con la presencia del gobernador regional Henry Borja Cruzado. De esta manera, se pone fin a diez largos años de incertidumbre y angustia que tuvieron que soportar las familias ocupantes, situación de la que valieron las mafias de traficantes para lucrar a manos llenas con las tierras del estado.
La historia de lo sucedido en Casma es exactamente igual a lo que ocurrió en Nuevo Chimbote con la invasión de las 308 hectáreas también de propiedad de Chinecas. En plena campaña electora del 2010, ambas invasiones fueron hábilmente promovidas para asegurar la reelección de César Álvarez Aguilar como presidente regional de Ancash.
La única diferencia consiste en que, mientras la invasión de Nuevo Chimbote fue bautizada con el nombre bíblico de Tierra Prometida, en Casma el nombre que se impuso fue “A.H. César Álvarez Aguilar”. De esa manera nadie podía atreverse a desalojar a las familias invasoras, salvo las mafias de traficantes que a partir de ese momento asumieron por completo el manejo ilegal de estas tierras.
Pero lejos de cumplir con el trámite de titulación que ofreció durante la campaña electoral, una vez reelegido Álvarez Aguilar se olvidó para siempre de todas sus promesas que hizo y dejó a las familias invasoras en manos de los traficantes. Esta situación de abandono fue aprovechada vilmente por las mafias para cobrar por su cuenta supuestos gastos por concepto de trámites de titulación, instalación de agua, seguridad y otros. Los recibos que entregaban a las familias tenían como logotipo “A.H. César Álvarez Aguilar” y todo ese dinero fue a parar a sus propios bolsillos.
En el colmo de la audacia, dos de los traficantes que afirmaban ser dueños de estas tierras celebraron un contrato de compra-venta que fue legalizado por un notario de la ciudad de Huaraz. De acuerdo con este documento, uno de los firmantes “vendió” al otro su “derecho de propiedad” de más de 90 hectáreas por la astronómica suma de 15 millones de soles. Al notario ni siquiera se interesó que las tierras materia de dicha transacción eran de propiedad del estado.
A diferencia de otros proyectos de irrigación donde no se permite la invasión de una sola hectárea, en esa época en Chinecas nadie se atrevió a desalojar a nadie, menos a denunciar a los traficantes.
Han pasado diez años y, ahora sí, todo parece indicar que la situación de estas familias muy pronto va a cambiar. Con la titulación, vendrá el acceso a los servicios básicos de agua, desagüe y electrificación, y con eso recién será posible elevar la calidad de vida de esta población tanto tiempo olvidada.