Lima, ago. 16.- Las autoridades, ministros de Estado, titulares de entidades y funcionarios públicos están obligados a presentar ante la Contraloría General su Declaración Jurada de Intereses (DJI), documento, en el que detallarán sus vínculos familiares, laborales, económicos y financieros, con la finalidad de identificar y evitar posibles conflictos de interés en la administración pública.
Así lo dispuso la Ley N° 31227, “Ley que transfiere a la Contraloría General de la República la competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la Declaración Jurada de Intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos”, y su reglamento.
Cabe precisar que la presentación de la Declaración Jurada de Intereses es un requisito indispensable para el ejercicio de la función pública.
En ese sentido, están obligados a presentar la DJI, el presidente y vicepresidente de la República, ministros y viceministros, congresistas, gobernadores regionales y vicegobernadores, alcaldes y regidores, los titulares de las entidades de la administración pública, organismos públicos, programas y proyectos especiales, así como profesionales y técnicos encargados de las contrataciones, entre otros señalados en la ley.
Los obligados a presentar la DJI también tendrán que informar si sus cónyuges o convivientes son propietarios o tienen participación patrimonial en empresas, sociedades u otros similares; además de información relativa a representaciones, poderes y mandatos, entre otra información relevante, a fin de resguardar la transparencia en la administración pública.