La lucha contra la corrupción acaba de dar un paso muy importante. A partir del 21 de julio del presente año, los servidores y funcionarios públicos que cometan infracciones administrativas graves o muy graves ocasionando perjuicio a los intereses del estado, serán inhabilitados y separados de la administración pública por disposición directa de la Contraloría General de la República. Así lo establece la Ley 31288 que acaba de entrar en vigencia.
Hasta antes de la aplicación de esta norma legal las atribuciones del órgano de control solo le permitían investigar y dar cuenta de estas infracciones mediante la presentación de un informe de control. A partir de ese informe, quedaba en manos del Ministerio Público y de los organismos afectados la facultad de formular las denuncias penales y aplicar las sanciones de ley según sea el caso.
Hemos visto sin embargo que luego de la presentación de estos informes, los mismos que son elaborado tras varios meses de investigación, los organismos directamente afectados poco o nada han hecho para sancionar a los funcionarios implicados. En más de una oportunidad, los informes de la Contraloría han terminado en letra muerta. Increíble pero cierto.
Esta clamorosa falta de rigor para sancionar a malos funcionarios, es común en muchas municipalidades y dependencias del gobierno central o regional. A pesar que la Contraloría ha encontrado graves infracciones administrativas y que los responsables han sido plenamente identificados, éstos ni siquiera han terminado siendo amonestados. A lo mucho se les ha cambiado de ubicación, es decir de un escritorio a otro. Y nada más.
Este relajamiento ha terminado por abonar la proliferación de actos contra la administración pública en todas sus formas y modalidades. El más común de estos actos es el procedimiento que impera en la adjudicación de obras y servicios que finalmente conllevan a la obtención amañada de un beneficio económico. Y pensar que mediante este procedimiento se han realizado millonarios contratos en nombre de la lucha contra la pandemia. Como resultado de ello, en este momento existen numerosas denuncias por obras y servicios sobrevaluados, mal ejecutados y finalmente paralizados. Los tenemos por todos lados.
Asimismo, a modo de tomar las precauciones del caso, se anuncia que la Contraloría General de la República publicará en su portal web la lista de servidores y funcionarios que han sido inhabilitados para ejercer la función pública. Información que es sumamente importante a la hora de evaluar a quienes postulan a un cargo público. Incluso a quienes participarán en el próximo proceso electoral.
Para nadie es un secreto que muchos funcionarios y servidores que han sido sancionados o inhabilitados, continúan laborando en sus puestos como si nada hubiera pasado. Si por ahora se encuentran a salvo es porque dentro de las instituciones afectadas existe no un lazo de compañerismo sino un pacto de complicidad. Hoy por ti mañana por mí.
Si lo que se desea es fortalecer la lucha contra la corrupción este es el momento de separar la paja del trigo. Cueste lo que cueste.