Incluyen a 26 pueblos de Áncash:
Con la finalidad de reducir la brecha de informalidad predial existente en el país, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), entidad ejecutora del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, informa que este año ha incluido un total de 1096 pueblos informales al proceso de formalización que beneficiará a más de 105 mil predios que corresponden a igual número de familias en diversas regiones del país.
Así lo dio a conocer el director ejecutivo de Cofopri, Saúl Barrera Ayala, quien explicó que “solo en la región de Lima se ha identificado y agregado al plan de trabajo de este año 126 pueblos, entre asentamientos humanos, asociaciones de vivienda, urbanizaciones populares, etc., distribuidas en 36 distritos de las provincias de Lima, Cañete, Huaral y Huarochirí”.
Además de Lima también se han incluido este año a 115 pueblos de Lambayeque, 97 de Piura, 85 de Huánuco, 75 de Arequipa, 67 de La Libertad, 62 de Ayacucho, 58 de Junín, 54 de Ica, 46 de Ucayali, 40 de Cajamarca, 29 de Puno, 29 de Cusco, 28 de Loreto, 26 de Áncash, 24 de San Martín, 23 de Moquegua, 22 de Tacna, 18 de Apurímac, 18 de Tumbes, 15 de Huancavelica, 14 de Pasco, 13 pueblos de Amazonas y 12 de Madre de Dios.
Los pueblos pasaran por un proceso de diagnóstico que comprende la identificación de posibles zonas riesgosas o carentes de higiene o salubridad, superposición con zonas arqueológicas o reservadas para el uso público, así como de aquellas que según ley no están comprendidas en los procesos de formalización.
Todo el proceso de formalización que Cofopri está llevando a cabo este año ha sido adecuado a la Ley N° 31056 que amplia los plazos para la titulación de posesiones informales hasta el 2015, emitida el 25 de setiembre del 2020 y reglamentada el 15 de enero del 2021.
Uno de los aspectos más resaltantes del reglamento de ley es que establece un candado para evitar comercializar los terrenos titulados al impedir transferir el predio durante cinco años, resguardando de esta manera que los ciudadanos que reciban el título de propiedad de manera gratuita sean personas que verdaderamente requieren el predio para el amparo de su familia y no para su aprovechamiento personal.