Segunda reforma agraria
El domingo 3 de octubre, el Ejecutivo anunció la tan voceada y esperada Segunda Reforma Agraria, cuyo objetivo es el de fomentar el desarrollo integral de las zonas rurales en nuestro país. Un detalle no menor es que no se busca expropiar ni confiscar tierras, como sí se hizo en la reforma agraria de 1969. Sin embargo, recordemos que dicha “reforma” no solo se hizo efectiva con la expropiación de tierras, sino que vino acompañada de políticas restrictivas de las libertades, como los aranceles para las importaciones de alimentos y el control de precios.
Entre los principales lineamientos para llevar a cabo la segunda reforma agraria figuran los siguientes: i) un gabinete de desarrollo agrario para el desarrollo de políticas agrarias; ii) ajustes a la franja de precios para proteger la producción nacional: iii) construcción de una planta de fertilizantes para atenuar el aumento del precio de este insumo para la actividad agrícola; iv) implementación del servicio civil agrario para jóvenes universitarios; v) creación del fondo para la mujer rural; vi) otorgamiento de créditos a través de una banca de fomento agrario; entre otros.
Así, los elementos con los que se pretende implementar una “reforma” en el sector agrícola evidencian cierto desconocimiento sobre la real problemática que aqueja a esta actividad y de las medidas que sí tendrían un impacto positivo para el agricultor. Además, llama mucho la atención que se planteen medidas obsoletas, como la protección al productor local vía franja de precios, o créditos directos a través de una banca estatal, el cual se ha demostrado que ha fracasado durante estos años.
CARENCIAS Y DEBILIDADES DEL SECTOR AGRÍCOLA
Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), existen alrededor de 2.2 millones de unidades agropecuarias en el país, de las cuales el 97% corresponde a la agricultura familiar. El pequeño tamaño de las unidades productoras explica el rezago de la productividad del sector y las limitaciones que enfrentan para acceder a la formalidad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), este sector tiene una tasa de informalidad laboral del 96,5% en 2020, la cual superó en más de 20 puntos porcentuales al promedio nacional que se situó en un 75.3%, posicionándose como la más alta. Situación que explica, en parte, la baja productividad laboral sector, pues el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) lo consideró el menos productivo en 2019 y 2020.
Uno de los factores que ocasionan estos problemas es la poca capacidad del pequeño y mediano agricultor para acceder al crédito. De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) de 2018, el 25.8% de las tierras agrícolas manejadas por pequeños y medianos productores no está trabajada, lo que se debe principalmente a la falta de crédito (31%) (ver Semanario 1088). No obstante, lograr una adecuada difusión del crédito será imposible sin estándares mínimos como un bajo nivel de morosidad, lo cual no ocurre en la práctica, pues el Agrobanco, el principal instrumento de apoyo financiero del Estado para los pequeños productores agropecuarios, a junio de 2021, cuenta con una cartera de alto riesgo y cartera pesada de 118.3% y 98.7%, respectivamente, según cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
En esa misma línea, con respecto a la falta de recursos hídricos, según estimaciones del Midagri, la proporción de superficie agrícola regada en 2018 fue del 37.8%, por lo que mayoría de los agricultores dependen completamente de las lluvias. Al respecto, grandes proyectos de irrigación siguen entrampados por distintos motivos y no se tiene una fecha clara sobre su próxima puesta en marcha. Hablamos de proyectos como Majes Siguas II, Alto Piura, Chinecas y otros más, que irrigarían 200,000 hectáreas, con una inversión estimada de US$ 3,500 millones.
En cuanto a la titulación de tierras, de acuerdo con Midagri, al primer semestre de 2020, apenas 1,668,870 predios estaban titulados, es decir, un 45% del total existente. La titulación permite a los agricultores tener capacidad de solicitar créditos bancarios, recibir apoyo de instituciones públicas o privadas, o heredar, hipotecar y arreglar el predio legalmente. Por lo tanto, promover la proporción de predios rurales individuales titulados es fundamental para que las pequeños y medianos agricultores se desarrollen.
Por último, según el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), las semillas certificadas generan un mayor rendimiento de cosecha por hectárea, una mejor adaptabilidad a los climas y mayor resistencia contra plagas y enfermedades. No obstante, el uso de este tipo de semilla es mínimo. Según el INIA, la tasa de uso promedio de semillas certificadas en cultivos ascendió a un 12.4% entre 2015 y 2019, aunque ello se reduce considerablemente en cultivos como los cereales, las leguminosas de grano, el maíz amiláceo y la papa donde se registró en 2019 una tasa de uso menor a 1%. Por lo tanto, fomentar el uso de estas semillas a través de campañas de difusión y asesorías técnicas será vital para aumentar la productividad de las tierras y, por ende, del sector.
Con los números expuestos, se evidencia que los organismos de Estado, las instituciones públicas y privadas, así como los micro y pequeños agricultores conocen sobre las grandes brechas que presenta este sector. Por lo tanto, la creación de un “gabinete de desarrollo agrario” sería innecesario.
No gastemos tiempo y esfuerzos en querer descubrir la pólvora o en dejarse llevar por políticas del pasado. El agro requiere políticas efectivas de largo aliento, que tengan como norte el mercado global y el encadenamiento de las pequeñas unidades agrícolas al mismo.
(*) ComexPerú / Publicado en Octubre 07, 2021 / Semanario 1093 – Hechos de Importancia