Cruda realidad:
La corrupción en el país parece enquistada en las personas que asumen cargos públicos y, sobre todo, en aquellas que son elegidas por voto popular. Actualmente 18 gobernadores regionales son investigados. Uno tiene sentencia y se encuentra prófugo de la justicia, tres detenidos con prisión preventiva o detención preliminar, uno con arresto domiciliario y uno con impedimento de salida del país, por estar involucrados en presuntos actos de corrupción en sus diversas modalidades.
En Arequipa, tras más de un año de investigación reservada por parte de la Policía y Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, se detuvo al gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, y 10 funcionarios de confianza y consejeros regionales por presuntamente integrar la organización criminal “Los hijos del cóndor”, involucrados en los presuntos delitos de colusión, peculado, cohecho activo, cohecho pasivo y otros.
En Lambayeque el gobernador, Anselmo Lozano Centurión, se encuentra con arresto domiciliario, tras el fallo de la sala de apelaciones por la investigación de integrar una organización criminal dedicada a obtener coimas a través de obras públicas de la Municipalidad Distrital de La Victoria, durante la gestión 2015- 2018.
En Huánuco, un equipo especial integrado por los fiscales Virgilio Carrión Cabrera, Miguel Rojas Mayta y Laura Núñez Arquinio, se dedican a investigar de manera exclusiva las 18 denuncias por presuntos actos de corrupción contra el gobernador regional, Juan Alvarado Cornelio, quien según la Policía integraría, junto a familiares y otros funcionarios, la presunta organización delictiva denominada “Los intocables de las obras”. Los hechos datan desde el 2019.
En Áncash, el gobernador regional, Juan Carlos Morillo Ulloa, se encuentra detenido por la investigación por el presunto delito de colusión en la adquisición de bienes el hospital “Eleazar Guzmán Barrón” de Nuevo Chimbote en medio de la emergencia por el nuevo coronavirus (covid-19).
En Tumbes, el gobernador regional, Florentino Dios Benites, es buscado por la policía por tener una sentencia a 4 años de cárcel por el delito de colusión agravada.
En Tacna, el gobernador, Juan Tonconi Quispe, afronta una investigación por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada en agravio del Estado, por la compra de ventiladores mecánicos para equipar el Hospital Hipólito Unanue por el monto de S/ 1 883 219, en el 2019.
El gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón Núñez, es investigado por los presuntos delitos de colusión simple y agravada, cohecho pasivo propio, falsedad ideológica y genérica por el direccionamiento en la compra de cinco ambulancias valorizadas en 3 millones 625 mil soles.
En Piura, el gobernador regional, Servando García Correa, es investigado como presunto autor del delito de nombramiento ilegal de cargo público del ex gerente general, Jesús Torres Saravia, (con prisión preventiva) por el caso de las cartas fianza falsas por S/ 4 millones que pagó la entidad al consorcio MNDC para ejecutar la obra “Mejoramiento del centro de salud de Máncora”.
El médico Luis Hidalgo Okimura, gobernador regional de Madre de Dios, afronta un pedido de prisión preventiva de 36 meses al estar investigado por el presunto delito de cohecho pasivo en agravio del Estado peruano y el gobierno regional de Madre de Dios, al liderar la organización criminal ‘Los Hostiles III’ que favorecieron a un conglomerado chino de empresas madereras.
En Puno, el gobernador regional Agustín Luque es investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por presuntas irregularidades en la implementación del colegio Rodolfo Diesel de Juliaca.
En Junín, el gobernador regional, Fernando Orihuela Rojas, también es investigado por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado por el resguardo policial irregular que recibió el exgobernador Vladimir Cerrón, y además contra la administración pública en la modalidad de colusión por los contratos del Gobierno Regional de Junín, Cusco y Huancavelica con empresas ligadas a familiares de Carlos Zárate por más de 25 millones de soles.
Situaciones similares de investigaciones involucran en Pasco, al gobernador, Pedro Ubaldo Polinar; también al gobernador de Huancavelica, Maciste Díaz Abad, al gobernador regional de Loreto, Elisban Ochoa Sosa; al gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente García; al gobernador regional de Ucayali, Francisco Pezo Torres; al gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rua Carbajal; de la región Amazonas, Óscar Altamirano Quispe y al gobernador del Callao, Dante Mandriotti Castro.