Por: VÍCTOR ANDRÉS PONCE (*)
La violencia y destrucción desatadas en la mina Apumayo en Ayacucho también se trasladó al norte. Cerca de Huarmey se bloqueó la carretera, con la intención de afectar los envíos de cobre y zinc de la mina Antamina. Finalmente, la empresa minera suspendió sus operaciones. De esta manera la minería peruana, virtualmente, estaba amenazada por la acción de pequeños grupos radicales, muy organizados, que bloquean carreteras, atacan la propiedad privada de las empresas y pretenden paralizar una actividad que financia gran parte de los recursos del Estado.
Cerro Verde, Las Bambas y Antamina, están entre las diez minas de cobre más grandes del planeta. Antamina se ve obligada a paralizar por la falta de diálogo y la espiral de violencia. Sin embargo, Las Bambas –en el sur– acumula 365 días de paralizaciones (es decir, un año entero) desde que inició las operaciones. Y en vez de producir más de 400,000 toneladas métricas de cobre (TMC) cada año apenas produjo 300,000 en el 2020 y algo parecido sucederá en el 2021.
¿Antamina enfrentará la misma tragedia?
Lo que sucede en el Perú con las minas más grandes de cobre del planeta es un verdadero crimen social, considerando que todavía el 30% de la población está bajo pobreza. Hoy el cobre ha llegado a niveles históricos sobre los US$ 4.80 la libra, y todos los especialistas señalan que si el Perú ejecutará su cartera de inversiones mineras podría crecer por encima del 5% anual y reducir la pobreza por debajo del 15% de la población. ¿Estamos o no ante un verdadero crimen social?
¿Por qué se presenta semejante estado de cosas? ¿Por responsabilidades de las empresas mineras, como señala el relato comunista y antiminero? De ninguna manera. En los últimos diez años, el sector minero ha transferido a los gobiernos subnacionales alrededor de S/ 40,000 millones. En el presente año se calcula que la minería aportará cerca de S/ 12,000 millones. Un récord histórico. ¿En dónde está semejante riqueza? ¿Qué carreteras, postas médicas, escuelas y sistemas de agua y desagüe, han construido los gobiernos nacional, regional y local, en las zonas de influencia minera? No se oye, padre, como reza el refrán popular.
El fracaso del Estado en la redistribución de la riqueza minera entonces es la causa estructural de la crisis y violencia que afronta la minería. A esta realidad se suma la frivolidad ideologizada de los comunistas y radicales antimineros que, en vez de criticar al Estado por su fracaso, demonizan a las empresas mineras. En cualquier país del mundo el partido, o la corriente política democrática, buscaría la alianza entre las comunidades, poblaciones y las empresas mineras para exigir que el Estado redistribuya la riqueza.
A este cóctel explosivo de factores se suma el mensaje de la asamblea constituyente y la nacionalización de los recursos naturales que promueve el presidente Castillo. Como todos sabemos, Perú Libre ganó en la mayoría de las zonas de influencia minera. En vez de utilizar ese respaldo político para gestar una alianza entre Estado, comunidad y empresa, el discurso de la recuperación de los recursos naturales desata la violencia y la destrucción de la minería.
¿Quién o qué entidad salva a los peruanos del acelerado proceso de destrucción nacional?
(*) Director de El Montonero (www.elmontonero.pe)