Si la cosa fuese reciente o sucediera de vez en cuando, quizá no tendríamos motivo alguno para preocuparnos. Sin embargo lo que sucede con los autos piratas que ofrecen servicio de transporte de pasajeros entre Chimbote y Trujillo, es algo que sucede todos los días en las afueras del terminal terrestre y, lo que es peor, ante la vista y paciencia de las autoridades responsables de combatir la informalidad.
Para decirlo en buen romance, esto es algo que ya ha sobrepasado los límites de la tolerancia pero, aún así, ni la Municipalidad Provincial del Santa ni la Policía Nacional del Perú muestran mayor preocupación. Es más, en lo que atañe a este grave problema, ambas instituciones prácticamente dan la clara impresión de haber tirado la toalla.
Como ocurre cada vez que el mal ejemplo que se propaga, este vacío de autoridad ha dado lugar para que aparezcan otros “comités” de vehículos piratas que han instalado sus “paraderos” en el mismo lugar y ofrezcan servicio de transporte no solamente a Trujillo sino también a Huaraz, Casma, Huarmey, Chao, Virú y otras ciudades vecinas. A río revuelto, ganancia de pescadores.
Se entiende que todo viajero es libre de elegir el medio de transporte de su preferencia y las condiciones de viaje que mejor le convenga, pero por todas las malas experiencias que hemos podido ver en más de una oportunidad, quienes utilizan el servicio de estos vehículos lo hacen exponiéndose a una serie de contingencias, empezado por el factor seguridad. Ninguno de estos vehículos cuenta con seguro de accidentes, razón por la cual cada vez que sucede algún percance o desperfecto, los pasajeros terminan abandonados a su suerte.
Todo parece indicar que de nada ha servido que la Municipalidad Provincial del Santa apruebe una ordenanza que declara zona rígida los exteriores del terminal terrestre y que asimismo haya realizado la respectiva señalización. Para los conductores de estos vehículos, las normas de tránsito están pintadas en la pared.
Por lo demás, no se sabe si debido a la falta de coordinación o simplemente por una lavada de manos que resulta ser más conveniente, lo cierto es que la Policía Nacional no se da por enterada de esta disposición. Eso ha dado lugar para que ambas instituciones ahora se tiren la pelota entre sí, situación de la que se aprovechan los choferes piratas para seguir haciendo de las suyas.
De esta manera, los incontables operativos que se han llevado a cabo contra estos vehículos, han terminado siendo una pérdida de tiempo y gasto inútil. Más han tardado las autoridades en planificar y realizar estas acciones de control que choferes y llamadores en regresar con mayor fuerza.
Para la ciudadanía en general, hechos como éste ponen de manifiesto que algunas autoridades no san capaces de hacerse respetar y tampoco tienen las agallas para de poner freno a tanta informalidad. Cuidado: ese es un mal mensaje.