Que Dios puede perdonar el pecado pero no el escándalo, es una frase consuelo que solo sirve para disimular todo lo que realmente está detrás de un escándalo. De igual manera, palabras para las graderías como “el que no debe no la teme” y “que se investigue hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga”, no son más que gestos evasivos que tampoco ayudan a esclarecer la verdad de la milanesa.
Como era de esperarse, la noticia respecto al allanamiento de la vivienda del gobernador regional Henry Borja Cruzado y de otras cuatro personas de su entorno, ocurrido el último fin de semana, es un nuevo escándalo que, quiérase o no, ha sacudido los cimientos del gobierno regional de Ancash, lo que no deja de ser una rutina.
Esta intervención, a cargo de la Fiscalía Anticorrupción de Huaraz, tiene como sustento la denuncia hecha por la representante legal del consorcio Jireh, una empresa huanuqueña que hace un año obtuvo la adjudicación de la obra de mantenimiento de la carretera Buenavista-Mojón, provincia de Casma, valorizada en 40 millones de soles. En la referida denuncia, la representante del consorcio sostiene que funcionarios del gobierno regional de Ancash le exigen una coima de 300 mil soles para llegar a un “arreglo”, si es que no quiere que se anule el millonario contrato.
La obra en cuestión fue adjudicada durante los últimos días de gestión del encarcelado ex gobernador Juan Carlos Morillo Ulloa y la principal causal que existe para anular el contrato es la presentación por parte del consorcio Jirth de una carta fianza expedida por una cooperativa de la ciudad de Huánuco. Dicha cooperativa no está autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros para expedir este tipo de documentos.
Este hecho, grave de por sí, fue puesto en conocimiento del gobierno regional por la propia Superintendencia de Banca y Seguros mediante oficio N° 9060 de fecha 19 de febrero del presente año. En esa oportunidad, como se recuerda, el gobernador Henry Borja convocó a una conferencia de prensa para informar que se había iniciado el respectivo proceso de nulidad.
Desde entonces, han transcurrido diez largos meses, tiempo suficiente para haber procedido a la anulación del contrato, pero esto no ha ocurrido. ¿Qué necesidad hay para darle tantas vueltas al asunto?. Estamos ante una causal imperativa y no especulativa.
Sin embargo, según la denuncia, durante todo este tiempo, funcionarios del gobierno regional, conjuntamente con terceras personas que no tiene vínculo laboral con el organismo, han venido presionando a la representante del consorcio Jireth para que “afloje” la coima, aparentemente buscándole tres pies al gato y utilizando para este propósito documentos oficiales de uso interno.
En su acusación la denunciante ha puesto la cereza en la torta al proporcionar a la fiscalía número de celulares, fecha de las llamadas y nombres completos, incluyendo el de Henry Borja. La denuncia también da cuenta de una “reunión de coordinación” a la que fue citada la empresaria, la misma que no se realizó en las oficinas del gobierno regional sino en una vivienda particular de Huaraz.
En una conferencia de prensa realizada el mismo día en que se conoció este escándalo, el gobernador Henry Borja Cruzado ha dicho que, de su parte, va a proporcionar todas las facilidades para que la fiscalía esclarezca este escándalo y se sepa toda la verdad, que es lo que todo Ancash está esperando.
Hace rato que todos deseamos que se ponga punto final a todo indicio de corrupción. Por más que cuando el río suena es porque piedras trae, ya es hora de cambiar esta historia. Son 40 millones de soles que están de por medio y que los ancashinos no podemos darnos el lujo de permitir que se malversen.